Desde la Cámara de Diputados, integrantes de colectivos feministas que fueron agredidas de manera brutal por la policía en Zacatecas, al finalizar la manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, demandaron la destitución de los funcionarios de seguridad, gobierno y vialidad en la entidad.
Acompañadas por diputados y diputadas de bancadas de oposición y mayoría que respaldaron sus exigencias, narraron parte de las agresiones y tortura a la que fueron sujetas por parte de policías locales que actuaron bajo las órdenes de las autoridades referidas.
María Luisa Sosa, del Movimiento Feminista Zacatecas y Nahuí Hinojosa, puntualizaron el pliego petitorio de las víctimas.
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Demandaron la destitución de los secretarios de Gobierno y Seguridad, el responsable de vialidad y del Grupo de Fuerza de Reacción Inmediata “Friz”, especializado para enfrentar a la delincuencia organizada.
Pidieron garantías de no repetición de las agresiones, porque habrá otras manifestaciones en la entidad.
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Solicitaron garantías de seguridad, a través del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos.
Ello, debido a que algunas de las manifestantes están siendo hostigadas, en especial en redes sociales, donde han recibido mensajes intimidatorios por parte de al menos una persona que se identifica en la red Facebook como policía estatal.
Que las autoridades de seguridad den a conocer las grabaciones de las cámaras de video del llamado “C 5”, para confirmar que las 18 víctimas de tortura fueron llevadas al Callejón de las Campanas, aledaño al Palacio de Gobierno de Zacatecas, donde sus agresores también lograron obtener sus datos personales y les advirtieron que las tienen ubicadas, requirieron.
Exigieron investigar a fondo lo sucedido, fincar responsabilidades a las autoridades involucradas y que el gobernador David Monreal salga a dar una disculpa pública.
Fue una “emboscada”
Consideraron que lo ocurrido con ellas fue un intento de feminicidio e incluso hablaron de genocidio, por tratarse de un grupo numeroso de mujeres reunidas con un propósito común, que era demandar justicia y seguridad en el estado.
Plantearon que el ejercicio indebido de la fuerza pública no fue fortuito, sino planeado.
El operativo policial que las capturó, por quedarse al final de la manifestación, luego de que la mayoría de las asistentes se retirara cuando comenzaron a lanzarles gases lacrimógenos de colores, fue una “emboscada”, alertaron.
Los policías involucrados crearon un “embudo” para capturarlas e impedirles escapar cuando la represión se desató, y las agredidas fueron golpeadas, perseguidas, arrastradas por el piso y llevadas al Callejón de las Campanas.
Incluso, detallaron que se utilizó un helicóptero de la policía estatal en el que al menos iba un francotirador.
Narraron que también había mujeres integrantes de la Guardia Nacional dispuestas a entrar en acción, aunque ello no ocurrió.
Se tenía lista una pipa de agua para dispersarlas y replegarlas, que tampoco fue empleado.
Protección a las víctimas
Señalaron que ante la serie de abusos, el gobernador de la entidad debe garantizar la reparación del daño, ordenar medidas de protección a manifestantes, aunque si los policías estatales las ejecutan, ellas temen por su integridad.
Asimismo, solicitaron que el gobierno local informe públicamente cuánto gastó en el operativo de seguridad y el resguardo de edificios que fueron tapiados.
Agregaron que durante la represión y agresiones policiales en su contra, les robaron dinero y sus teléfonos celulares.
Aclararon que en la manifestación no intervino ninguna mujer originaria de otra entidad, como intentó justificar la autoridad local, para acusar que la manifestación fue infiltrada por personas no residentes.
Se detectó la presencia de hombres entre la manifestación, anotaron
Reconocieron que no todas las funcionarias se coludieron con la policía local y los secretarios de Gobierno y Seguridad, ya que desde la Comisión de Derechos Humanos local se les dio acompañamiento.
Alistan denuncias
Al intervenir, la abogada Mara Muñoz indicó que hasta el momento se han presentado 6 denuncias que incluyen peritajes y evaluaciones médicas para mostrar las lesiones que presentan las víctimas.
Apuntó que hasta el momento, de las 18 mujeres violentadas, 13 están decididas a presentar sus denuncias, aunque temen ser revictimizadas.
En 14 casos, las lesiones ya han sido acreditadas a través de exámenes médicos.
Indicó que se ha establecido diálogo con el titular de la Fiscalía de Justicia del Estado, para darle cuenta de los arrestos y retención ilegales, así como los actos de maltrato y vejaciones como intentos de asfixia, a los que fueron sometidas las detenidas.
También se hizo contacto con personal de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que les notificó buscarán reunirse en los próximos días, con funcionarios de la entidad.
Fue enfática en que las activistas agredidas piden se active el Mecanismo de Protección federal para resguardarlas, ya que temen que los policías locales, integrantes de las corporaciones que las agredieron, sean asignados para cuidarlas.
Asimismo, demandaron la intervención urgente del Gobierno Federal, así como cumplir su exigencia de reparación integral del daño.
Diputadas cierran filas con víctimas de brutalidad policial en Zacatecas
Al acompañar a las denunciantes, las diputadas federales del Partido del Trabajo (PT), Ana Karina Rojo y Lilia Aguilar, así como su compañero Alfredo Femat; la integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Blanca Alcalá; las legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN), Joanna Felipe Torres y Noemí Luna, que también es vicepresidenta del recinto, se sumaron a la voz de la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Amalia García.
García Medina sentenció que los elementos de seguridad local que actuaron contra las manifestantes tenían órdenes y por ello, es urgente que las investigaciones del caso sean exhaustivas.
Quienes instruyeron a la policía a actuar de manera autoritaria, desmedida y brutal, exigió, no pueden quedar impunes.
“Es indignante y es inaceptable que se haya cometido este acto brutal de violencia, que no puede ni debe haber impunidad, que debe sancionarse, porque no sancionarlo significaría la aceptación y lo que queremos es que no se repita”, planteó la congresista.
“Y que quienes hayan tomado las decisiones al más alto nivel en el gobierno del estado de Zacatecas, porque hay responsables, porque se dieron instrucciones que no queden tampoco en la impunidad”, agregó la exgobernadora de Zacatecas.
Rechazo a la brutalidad policial en Zacatecas
La petista Lilia Aguilar, reiteró la postura de su partido contra lo ocurrido en Zacatecas.
Al reprobar la actuación de la autoridad local y aclarar que los hechos no representan al movimiento político del cual forma parte el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, Aguilar Gil calificó como una burla de su administración, que se hayan justificado los abusos argumentando que la policía actuó de manera reactiva, ante agresiones de las manifestantes.
Eso no es la cuarta transformación, recalcó la petista.
La vicepresidenta de la Cámara, Noemí Luna, también reclamó que el gobierno de Monreal Ávila quiera “lavarse las manos” al asegurar que las mujeres policías fueron agredidas.
Tras reclamar al mandatario estatal que no haya dicho una sola palabra después de los sucesos, condenó que la policía haya actuado contra mujeres con violencia desmedida, mientras que los delincuentes no son perseguidos como les ocurrió a las manifestantes agredidas.
En los mismos términos se pronunció la priísta Blanca Alcalá.