“Deben reconocer que su grupo político no puede resolver los graves problemas de inseguridad por los que atraviesa nuestra entidad", aseguró Alma Alcaráz, precandidata única de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Guanajuato, tras lamentar los hechos ocurridos en el municipio de Salvatierra, donde 11 jóvenes fallecieron como consecuencia de la problemática que vive el estado en materia de seguridad.
Tras los terribles acontecimientos ocurridos que conmovieron a la sociedad nacional y estatal, Alcaráz lamentó que las masacres y la violencia son cotidianas para las y los guanajuatenses.
Al respecto, dirigió un mensaje al “fiscal Carnal”, a Diego Sinhue, Gobernador del estado, y Libia Denisse García, precandidata del partido oficial.
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“Ustedes saben que las cosas en el estado de Guanajuato no están bien, ustedes saben que no mentimos cuando decimos constantemente que nuestra gente, además de vivir en la pobreza y la pobreza extrema, sale todos los días a la calle con miedo”, resaltó.
Afirmó que el grupo en el poder, desde hace más de 30 años, no ha podido asumir responsabilidad sobre lo que acontece en la entidad.
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En sus señalamientos, la precandidata Alma Alcaráz comentó que los graves problemas por los que pasa Guanajuato son derivados de que los políticos de partidos como el PAN han mantenido personas corruptas e ineficientes en los puestos más altos y que son clave de la seguridad pública del estado.
Asimismo, retomó la postura del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su exigencia de remover al Fiscal Carlos Zamarripa y plantear una estrategia de seguridad pública para evitar más hechos lamentables en el estado
Finalmente, puntualizó que, para el pueblo de Guanajuato, es necesario que llegue una transformación en el gobierno.
"Un cambio con auténtica vocación de servicio, que ponga primero a la gente y después al poder", expreso al concluir que el primer cambio que hará cuando asuma el poder, el próximo año, será la remoción inmediata del fiscal y todas a las autoridades de seguridad, así como exigirles rendición de cuentas sobre las crisis de inseguridad para evitar a toda costa la impunidad.