Miriam, oriunda de Guanajuato, fue encontrada sin vida al interior de la celda que ocupaba en el centro federal de readaptación social (Cefereso) 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.
Es el octavo suicidio que se registra en el lugar este año, sin que las causas hayan sido esclarecidas.
El caso de miriam se suma al de Janet, encontrada ahorcada con una sábana en su celda el pasado 4 de noviembre.
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También al de Alejandra, localizada en condiciones idénticas el 24 de octubre.
Un mes antes, a finales de septiembre, Claudia se ahorcó, al igual que Karla, Nancy, Jazmín, Daniela y tres personas privadas de la libertad, cuyos nombres no fueron revelados.
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La ola de suicidios inició el 14 de agosto de 2020, cuando una mujer originaria de Chihuahua, a su ingreso al penal federal fue diagnosticada con trastorno de ansiedad grave, depresión mayor, huellas anteriores de autoagresión, sin que las autoridades del lugar tomaran medidas para atender su condición.
A mediados de 2021, el 20 de julio, otra prisionera fue hallada sin vida; el mismo día, pero en 2022, se registró el tercer suicidio... este año, las muertes iniciaron el 25 de julio, y en cinco meses, ocho mujeres han perdido la vida de manera similar, ahorcadas en su celda, cuyas muertes, sin distingo, se han considerado como suicidios.
El caso de la reclusa oriunda de Chihuahua fue retomado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en marzo del año pasado emitió la recomendación 54/2022 al comisionado de prevención y readaptación social, José Ángel Ávila Pérez, así como al titular de la Fiscalía general del estado de Morelos (FGE Morelos), Uriel Carmona Gándara, por la deficiente investigación de los hechos.
Pero las muertes de las reclusas no son los únicos actos sin investigar; el 10 de mayo de 2019, un comando armado atacó el transporte oficial de las y los trabajadores del centro penitenciario, justo frente al monumento a La Madre en el municipio sureño de Puente de Ixtla, aledaño a Coatlán del Río.
Dos. mujeres y tres hombres murieron en el ataque, tres personas más resultaron lesionadas.
El acto derivó en la protesta del personal, que acusó presuntas amenazas dentro y fuera de su lugar de trabajo debido a la alta peligrosidad de las reclusas.
El caso se mantiene impune. En noviembre de ese mismo año, un custodio del lugar fue privado de la vida a balazos en su día de descanso. En octubre del año pasado, 400 internas resultaron intoxicadas por ingerir comida en mal estado; pese a la recomendación que inició de oficio la Comisión de Derechos Humanos en la entidad, ningún funcionario fue sancionado.
El ombudsperson en Morelos, Raúl Israel Hernández Cruz, se ha deslindado de cualquier violación a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, bajo la excusa de que, al ser una prisión federal, el caso no es de su competencia.
Diversas organizaciones sociales han solicitado el cierre del lugar, donde están recluidas mil 138 mujeres, el 47 por ciento no tiene sentencia; 222 mujeres llevan entre nueve y 11 años esperando su dictamen.
De acuerdo con datos de la CNDH, el 58 por ciento de las PPL presentan ansiedad grave; el 46 por ciento depresión severa; el 26 por ciento sentimiento de desesperanza severa, y 34 por ciento de ellas enfrenta una condición de riesgo suicida alto.