La ex consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEC), Gabriela María de León Farías se autorizó una liquidación por un millón 164 mil 796.46 pesos y otros tres millones 229 mil 560 pesos para la terminación de su equipo de confianza, en vísperas del arranque de un proceso electoral en Coahuila, hecho que se logró través de un acuerdo ‘a modo’ de los ex servidores públicos.
A un día de terminar su encargo público, el primero de noviembre del 2022 de León Farías aprobó el pago de su propia indemnización laboral.
La información se consiguió a través de la respuesta del Organismo Público Local Electoral a una solicitud de acceso a la información y también arrojó que el IEC desembolsó en total incluidos impuestos un millón 587 mil 603 pesos para la terminación de la entonces consejera presidenta.
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El documento precisó que la persona encargada de hacer el cálculo de dichas cantidades fue María Antonieta Gil Valdés, ex coordinadora general de proyectos especiales, puesto que según señala su contrato laboral tenía facultad de formular dictámenes de carácter administrativo y posteriormente remitirlos a la Secretaría Ejecutiva.
Gil Valdés trabajó durante el sexenio de Rubén Moreira como secretaria técnica de María Esther Monsiváis Guajardo en la Secretaría de Infraestructura, misma que renunció a su cargo en el 2016 tras ser acusada de desviar 24 millones de pesos mediante una supuesta empresa fantasma.
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Luego que el Congreso Estatal aprobara la ley del Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, el Consejo General del IEC determinó mediante el acuerdo IEC/CG/157/2021 destinar para el concepto de Reserva de Pago de Liquidaciones e Indemnizaciones la cantidad de dos millones 883 mil 462 pesos.
Sin embargo, además de haberse agotado dicha cantidad tuvieron que echar mano de una ampliación presupuestal que alcanza un monto de casi el doble de lo destinado inicialmente.
En ese sentido, según el Manual de Organización y Procedimientos, Gabriela de León tenía la facultad de aprobar los recursos financieros ateniendo la disponibilidad presupuestal.
Gabriela de León culminó con su encomienda de siete años el 2 de noviembre de 2022, por lo que según el IEC, el motivo de su baja fue por terminación de la relación laboral.
En este sentido los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Trabajo refieren que se indemnizará al trabajador con 20 días de salario por cada uno de los años de servicio y con tres meses de salario bajo la condición de: tener antigüedad menor de un año, ser empleado de confianza, realizar trabajo del hogar y ser trabajador eventual.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó una tesis con registro digital 273740, que estableció que en casos como el de la ex funcionaria resulta inoperante la acción de indemnización constitucional y pago de salarios caídos, por la razón de que no existe el despido, sino simplemente la terminación del contrato de trabajo a tiempo fijo.