Condena 'Seguridad Sin Guerra' la violencia desatada en Culiacán

Las organizaciones que conforman el colectivo #SeguridadSinGuerra y Amnistía Internacional, condenaron la violencia desatada en múltiples lugares de Sinaloa a raíz de la detención de Ovidio Guzmán, y denunciaron que esto es un claro ejemplo de la presencia del crimen organizado que incluso ha tomado el control en diversas ciudades ante “la respuesta fallida del Estado para contener a dichas organizaciones delincuenciales”.

A través de un comunicado en el que fijan su postura, Seguridad sin Guerra manifestó su preocupación respecto al hecho de qué la política de militarización implementada por el gobierno federal no es efectiva para resolver en el largo plazo la crisis de violencia en la que actualmente se encuentra sumido el país, pues la presencia de elementos de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública no ha conseguido disminuir sustancialmente los homicidios, ni ha demostrado proveer protección integral a la población con base en los estándares internacionales de derechos humanos.

Abundó que de manera contraria, se ha observado un aumento en la comisión de los delitos perpetrados por la delincuencia organizada contra la libertad personal, así como la extorsión. Además, han aumentado las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, tales como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; además de qué las instituciones de seguridad civiles han sido “gravemente debilitadas”.

Debido a lo anterior Amnistía Internacional y el colectivo Seguridad sin Guerra, han exigido en diversas ocasiones al gobierno poner fin a la militarización de la seguridad pública y la implementación de una estrategia efectiva para lograr así el cese de la violencia, sin embargo en respuesta, aseguraron que en visto no sólo el incremento de la presencia de las Fuerzas amArmadas en las calles sino que también se les ha delegado tareas de orden meramente civil como la construcción de infraestructura pública y privada, distribución de gasolina, de libros de texto y fertilizantes entre muchas otras.

Finalmente, las organizaciones que integran este colectivo exigieron a las autoridades estatales y federales establecer e implementar las medidas urgentes para garantizar la vida, la seguridad y la integridad de la población en Sinaloa; aplicar políticas integrales que conduzcan a la disminución y contención del delito y la reincidencia delictiva, y presentar un plan a corto, mediano y largo plazo de desmilitarización del país.