La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos denunció que, tras una audiencia maquillada y un acuerdo pactado, el autor intelectual de su intento de feminicidio quedó libre para continuar su proceso judicial fuera de prisión.
La joven, quien sobrevivió a un ataque con ácido en septiembre de 2019, acusó públicamente que el juez del circuito judicial de la mixteca, Teódulo Pacheco Pacheco, aprobó medios de prueba falsificados y sin metodología presentados por el imputado, en los cuales se valida su mermada salud y le otorga la prisión domiciliaria.
Fue durante toda la semana pasada que María Elena estuvo compartiendo a través de sus redes sociales el paso a paso de una audiencia que duró seis días y en la que aseguró fue víctima de violencia institucional por parte del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca, cuyo magistrado presidente no se pronunció en ningún momento.
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La resolución del juez prendió las alertas de los colectivos feministas que han denunciado la situación de vulnerabilidad y el riesgo en el que coloca a María Elena, además del mensaje de impunidad que manda a las mujeres víctimas de violencia de género y feminicida.
Al respecto, el gobernador de la entidad, Salomón Jara Cruz, afirmó que la decisión del juez de control no tomó en cuenta la perspectiva de género y, por el contrario, coincidió en que envía un mensaje que alienta la impunidad en un estado que, reconoció, presenta altos índices de violencia feminicida.
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De ahí que instruyó a la Secretaría de Seguridad para realizar un diagnóstico del caso, ante lo cual se cayó en la cuenta de que no existen las condiciones materiales para dar cumplimiento al cambio de medida cautelar, por lo tanto, Juan Antonio Vera seguirá privado de su libertad en el penal de Tanivet, donde permanece desde el 2020.
Además, el mandatario estatal anunció que solicitará que se revalúe la medida cautelar y se haga una evaluación profunda del actuar del juez, para que en caso de haber actuado fuera de legalidad se sancione de manera ejemplar.
A la inconformidad por la resolución judicial se han sumado más integrantes del gobierno de Oaxaca, legisladoras e incluso la coordinación ejecutiva nacional del mecanismo de protección federal para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.