La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortó al Estado mexicano a continuar con los esfuerzos para lograr el pleno acceso a la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa toda vez que se está ante un momento crucial para llegar a la verdad y a la justicia ya que “la llamada verdad histórica resulta hoy aún más insostenible”.
Reconoció que la información y análisis contenido en el Informe dado a conocer por el presidente de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa es una muestra de la voluntad al más alto nivel de allegarse de todos los elementos que contribuyan al conocimiento de la verdad acerca de lo ocurrido.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, señaló que “la información hecha pública por el presidente de la Comisión es un paso importante para apuntalar el actuar diligente, coordinado y responsable de todas las autoridades del Estado mexicano hacia el objetivo compartido de llegar a la verdad de lo sucedido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.
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“En línea con los estándares internacionales, es fundamental que en este proceso las autoridades mantengan un diálogo permanente con las familias y las personas defensoras de derechos humanos que las acompañan y se garantice el acceso a toda la información generada y la que se pueda obtener en el futuro”, indicó.
Luego de haber revisado el informe presentado y conocidas las nuevas judicializaciones del caso, la ONU-DH subrayó la importancia que ahora sea el gobierno el que lo ratifique de manera oficial en un informe público.
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“La nueva información sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque a los estudiantes, la participación de agentes estatales y no estatales, las omisiones y falta de reacción de las autoridades y las irregularidades de la investigación inicial, corrobora y amplifica lo que previamente habían comenzado a delinear padres y madres, organizaciones acompañantes y expertos internacionales”, expuso.
Agregó que “es fundamental que la Fiscalía General de la República asegure, en el desarrollo de las nuevas judicializaciones, una actuación institucional sólida y diligente, que garantice el acceso a la justicia de las víctimas, observe el debido proceso y la independencia judicial e incorpore los más altos estándares internacionales de derechos humanos”.
Lo anterior, para determinar judicialmente la responsabilidad penal de todos los actores, incluyendo a los superiores, tanto civiles como militares, involucrados por acción u omisión en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas.
Señala que la importancia de la información dada a conocer debe llevar a adoptar medidas inmediatas de no repetición acordes con la gravedad del caso, entre las que se encuentran, como mínimo, una depuración inmediata del funcionariado que haya participado activa o pasivamente en los hechos de septiembre del 2014 y de aquel que haya contaminado u obstruido la realización de una investigación efectiva.
Advirtió Maldonado que de debe seguir avanzando hacia el derecho a la verdad, que comprende conocer las circunstancias que permitieron el ataque contra los estudiantes, la secuencia de los hechos, el rol del Estado y los grupos delincuenciales en la confabulación criminal y el destino final de los estudiantes con base en pruebas fehacientes.
Finalmente, la ONU-DH reiteró su más profundo reconocimiento a la valentía y persistencia de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos que les acompañan. “Su derecho a participar y a ser informados de las investigaciones y procesos judiciales abiertos es una premisa por observar en todo momento”.