Bajo el contexto del peligro que representa ejercer el periodismo en México desde hace varios años, los estados vuelven más vulnerable la actividad al crear instancias que ni cuentan con presupuesto y su personal no es suficiente ni tiene la preparación para atender los delitos contra periodistas, lo que significa que sólo existan en papel.
En una investigación realizada por el colectivo Desde la Provincia se documentó que sólo 24 estados de México tienen instancias locales para la protección de periodistas, pero ninguna de ellas ha permitido acabar con la violencia contra el gremio.
En el caso de Coahuila, los hallazgos establecen que las denuncias de periodistas quedan archivadas, a pesar de la existencia de una unidad en la Fiscalía General, pero donde además de los delitos contra la libertad de expresión se siguen los casos contra migrantes y violencia familiar, así como contra la comunidad lésbico gay.
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Uno de los casos es el de Roxana Romero García quien en el 2016 fue perseguida por desconocidos y en febrero del mismo año fue denunciada por el exgobernador Humberto Moreira por daños a la moral, que finalmente no prosperó. Organizaciones defensoras le dieron apoyo y jamás tuvo contacto con la Fiscalía.
Otro caso es el Gloria Ruiz, periodista de Ciudad Acuña, quien ha denunciado en varias ocasiones diferentes tipos de agresiones, pero en lugar de recibir ayuda de la Fiscalía, ésta dio carpetazo a todas las averiguaciones abiertas, pese a que las amenazas la mantienen con protección de escoltas.
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El presidente del consejo general del Mecanismo de Protección federal, Alberto Xicoténcatl Carrasco, señaló que en la entidad no se logra operar la ley que protege a periodistas y se tiene la idea errónea de no impulsar la prevención, y al igual que a nivel del organismo nacional, otorgar medidas de seguridad como escoltas.