El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), destacó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aprobó un proyecto en el que señala que el Estado mexicano incurrió en omisiones en la protección de derechos de las personas devueltas a México bajo el protocolo “Quédate en México“, al no contar con un proceso claro de protección hacia esta población sin acceso a la justicia.
El instituto destacó que durante la operación del programa más de 75 mil solicitantes de asilo fueron regresados de Estados Unidos a México donde vivían en condiciones de alta vulnerabilidad y esperando por seis meses o hasta dos años. Únicamente 4% de las personas que fueron puestas en el programa ganaron sus casos de asilo.
En ese lapso la organización Human Rights First documentó más de mil 500 casos violentos contra esa población, incluyendo secuestros, homicidios, violaciones y otras formas de violencia de género.
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Destacó que la Primera Sala de la SCJN decidió que el Estado mexicano fue omiso en su compromiso de proteger los derechos de las personas solicitantes de asilo regresados a México, como el derecho a la justicia, la representación y certeza jurídica, a la salud, a la vivienda, al empleo, al educación, a una vida libre de violencia.
Finalmente señaló que la clínica jurídica del programa universitario de derechos humanos de la UNAM y el IMUMI se muestran contentos con esta decisión; este precedente podría ayudar en situaciones como las que se están viviendo actualmente con las personas venezolanas en México, quienes de la noche a la mañana se quedaron atrapadas porque México acordó con Estados Unidos aceptarles expulsados y por tanto no hay una política clara de parte del gobierno federal sobre la protecciones que se les dará.