El Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins manifiesta su enérgico rechazo a las expresiones ofensivas y carentes de argumentos que, en concordancia con la toma ilegal y autoritaria de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), buscan dañar y desprestigiar a la institución.
En relación a las declaraciones externadas hoy por parte del Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, la Fundación reitera que su actuar en el estado y en todo México siempre ha sido con apego a las leyes e instituciones del país.
La Fundación Mary Street Jenkins realiza su labor altruista en México, como ha sido del conocimiento público por más de 67 años, apegada al Estado de Derecho y auspiciando acciones concretas que benefician a la sociedad poblana y de otros estados por igual.
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En todo momento, su quehacer ha sido y seguirá siendo transparente, siempre buscando cumplir con su objetivo.
El patrimonio de la Fundación es privado y pertenece exclusivamente a la institución; está seguro, ha sido y seguirá siendo utilizado en favor de la asistencia social, como lo demuestran sus obras en los sectores educativo, cultural, deportivo y de salud.
Respecto al patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, se ha mencionado en los medios de comunicación de manera equivocada, que asciende a 750 millones de dólares en "dinero" o cuentas bancarias; sin embargo, el patrimonio de la institución está en una amplia mayoría invertido en bienes inmuebles, y activos, donde el 50 por ciento de sus recursos corresponden al propio Campus de la UDLAP, que permanece intervenido de forma ilegal.
Un 40 por ciento está en bienes inmuebles dentro de México, que crean empleos, mejoran la economía y pagan impuestos en Puebla y en el país. El resto de los recursos siempre ha estado en un portafolio de inversión en el extranjero que genera intereses, cuyos rendimientos se destinan para los donativos y obras altruistas de la Fundación.
De manera ilegal, la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, que depende del Gobierno del Estado, busca imponer a diversas personas en el Patronato de la UDLAP, con la finalidad de apropiarse de los recursos y de la institución.
El Patronato legalmente constituido de la UDLAP goza de suspensiones definitivas otorgadas desde el Poder Judicial de la Federación, por lo que es un atropello que se pretenda crear un Patronato espurio cuando existen resoluciones en su defensa.
Los integrantes de la Fundación Mary Street Jenkins confían en que el Poder Judicial de la Federación propiciará, con estricto apego a derecho, una resolución basada en la ley para restituir la posesión del Campus a la comunidad de la UDLAP y a su Patronato original, legalmente constituido.