El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, defendió la presencia de la policía estatal en la toma de instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), sentenciando que sólo se dio apoyo para el cumplimiento del ordenamiento de un juez civil de Ciudad de México para dar posesión a los auténticos patrones de la institución y de la Fundación Mary Street Jenkins.
Destacó en rueda de prensa, que si bien se mantiene un proceso legal en el tema de la titularidad del patronato de la fundación, un juez en la CDMX dio la razón a que se instale uno nuevo y es éste el que busca tomar posesión de los bienes, por lo cual la autoridad estatal sólo respaldó las acciones legales que correspondían.
Información relacionada: Juez ordena la entrega de la Universidad de las Américas Puebla a su fundación rectora
Agregó que en la acción no se violó la ley – como argumenta una de las partes – y afortunadamente no hubo incidentes que lamentar pese a la oposición y resistencia que puso la guardia privada de la institución y los mismos universitarios y administrativos.
“Incluso tengo información de que administrativos sustrajeron de forma agresiva documentos de las instalaciones”, dijo.
Resaltó que al final el desahogo de los litigios que se llevan a cabo en torno a la pugna por el patronato definirán quién tiene la razón pero la autoridad estatal está ajena a ello y sólo ejecuta acciones de apoyo.
ACUSAN INVASIÓN ILEGAL
El equipo jurídico de la Fundación Mary Street Jenkins afirmó que la intervención de policías estatales en la Universidad de las Américas Puebla se trata de una invasión ilegal.
El abogado Virgilio Rincón Salas mencionó que la intervención con medidas de fuerza que se realiza dentro de la universidad, es un atropello inadmisible a su autonomía, que perjudica a una de las mejores instituciones académicas de nuestro país.
Indicó que ningún diferendo de carácter administrativo está por encima del interés de miles de estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla y sus familias que están siendo afectados por una acción injustificada mediante el uso de la fuerza pública.