La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el hoy gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, no incurrió en actos de calumnia contra el candidato del PRI, Adrián de la Garza Santos, al difundir promocionales en los que aseguraba que Nuevo León ocupó el primer lugar en asesinatos y secuestros cuando el político priista fue procurador de justicia.
Por mayoría de dos votos, el órgano jurisdiccional rechazó el proyecto del magistrado Luis Espíndola Morales, quien proponía sancionar con una multa de 179 mil 240 pesos a Movimiento Ciudadano y de 89 mil 620 pesos a García Sepúlveda.
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Había pruebas suficientes
Al hablar en contra del proyecto, el presidente de la Sala Especializada, Rubén Jesús Lara, sostuvo que no hay elementos que acrediten los actos de calumnia contra De la Garza Santos.
"Me parece que la frase que se estima calumniosa, en realidad da cuenta de una serie de datos y de información que se pone a consideración de la opinión pública en una forma crítica, de una forma, a partir de la cual, se somete una posición a debate público y creo que también hay elementos mínimos indispensables para sostener este argumento que se desarrolla dentro del promocional, por lo que considero que no se actualiza ni el elemento objetivo y el elemento subjetivo necesarios para poder tener acreditada esta infracción".
Al defender su proyecto, Espíndola Morales insistió que los dichos del entonces candidato de Movimiento Ciudadano se tratan de hechos falsos que no encuadran en la crítica.
"Este tipo de declaraciones, de situaciones, no encuadran en críticas, no encuadran en opiniones, sino encuadran en hechos que son verificables, hechos que son falsos, hechos que eran accesibles de consulta y públicos por parte de instituciones oficiales que no dan cuenta de estos hechos y por tanto se consideran que son calumniosos".
Morena no usó programas sociales
Asimismo, la Sala Especializada aprobó el proyecto en el que se resolvió que Morena e integrantes de ese instituto político no utilizaron programas sociales, ni que contratara a personal para recabar datos de los ciudadanos.