El Tribunal Colegiado en materias de Trabajo y Administrativa con residencia en Mérida, Yucatán, consideró infundado el recurso de queja que promovió el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para impugnar la suspensión provisional que se les concedió a habitantes de los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá contra la construcción de la fase uno del Tren Maya.
Por unanimidad, el órgano jurisdiccional aprobó el proyecto de la magistrada Mayra Icela Greene Negroe, quien propuso confirmar la resolución de la juez Karla Domínguez Aguilar, titular del Juzgado Tercero de Distrito, quien ordenó al gobierno federal abstenerse de ejecutar obras nuevas como parte de dicho proyecto.
Los magistrados resolvieron que los argumentos del Fonatur son inoperantes, ya que "los quejosos cuentan con interés legítimo y por tanto, no es verdad lo aducido en el sentido de que solo cuenten con un interés simple".
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Respecto a los señalamientos de que no se acreditó por parte de los quejosos el daño inminente o irreparable, el tribunal colegiado lo consideró infundado toda vez que tratándose de un interés legítimo, para el otorgamiento de la suspensión provisional en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, basta que el quejoso lo demuestre de manera indiciaría y así lo consideró la jueza.
Del mismo modo, rechazó la petición de Fonatur de fijar el pago de una garantía monetaria para que siga surtiendo efectos la suspensión
Será el próximo 19 de febrero cuando la juez Domínguez Aguilar resuelva si le concede a los habitantes de los tres municipios la suspensión definitiva contra el Tren Maya.