Por Víctor Esquivel, corresponsal en Tabasco
A partir de este jueves y a sólo tres días de haber sido aprobada por el Congreso, la llamada “Ley garrote” entró en vigor en Tabasco, con lo que aquellos que recurran a los bloqueos de obras públicas o privadas, como un medio de extorsión, podrían alcanzar hasta 20 años de cárcel.
La iniciativa de modificación al Código Penal de Tabasco, enviada por el gobernador Adán Augusto López Hernández, fue aprobada por la mayoría morenista en el Congreso local entre protestas ciudadanas y con la ausencia de la bancada del PRI, apenas el 29 de julio, siendo publicada el día 31 en el periódico oficial del estado, por lo que a partir de este jueves entró en vigor.
Información relacionada: Legisladores de PAN, PRD y PRI expresan rechazo ante Ley Garrote
De la polémica reforma, es el artículo 308 bis, el que más ruido ha causado, incluso a nivel nacional, debido a que los grupos opositores la han calificado como un atentado a la libre manifestación consagrada en la Constitución Federal.
Y es que el citado artículo establece una pena de 6 a 13 años de prisión "al que extorsione, intenté imponer o imponga cuotas o impida total o parcialmente el libre tránsito de personas y vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar para la ejecución de trabajos y obras públicas o privadas en las vías de comunicación de jurisdicción local y se aumentará una mitad más cuando participen menores de edad.