Una denuncia fue presentada recientemente ante la Fiscal\ía Anticorrupci\ón de la Fiscal\ía General del Estado de Aguascalientes contra quien resulte responsable de irregularidades en exenci\ón del cobro de impuestos que favorecen a empresas privadas y causan da\ño econ\ómico a las finanzas del municipio capital.
En un primer expediente del cual MVS Noticias posee copia, se se\ñala que Alfredo Mart\ín Cervantes Garc\ía, secretario de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, autoriz\ó la condonaci\ón del Impuesto Sobre Adquisici\ón de Bienes Inmuebles (ISABI) por un monto de poco m\ás de 2.3 millones de pesos a una empresa inmobiliaria con el argumento de una presunta crisis nacional del sector inmobiliario.
Dicho documento emitido por el \Órgano Superior de Fiscalizaci\ón de Aguascalientes (OSFAGS) detalla que la empresa beneficiada con la condonaci\ón fiscal solicit\ó la exenci\ón despu\és de que \ésta hab\ía sido otorgada; es decir, que se autoriz\ó el impago en marzo de 2017 cuando se solicit\ó hasta el mes de mayo siguiente.
La denuncia surgi\ó de una observaci\ón realizada al ayuntamiento de Aguascalientes en la que se menciona que el Ayuntamiento no realiz\ó el \último c\álculo de la base gravable del ISABI a pesar de que esa exenci\ón no fue solicitada por la empresa. Sin embargo, Cervantes Garc\ía, otorg\ó la exenci\ón del impuesto causando da\ño al erario p\úblico, sin base jur\ídica que lo sustente.
"Por tanto, el otorgamiento de la exenci\ón por un monto de 2 millones 316 mil 788 pesos carece de justificaci\ón ya que no se apega a lo estipulado por el art\ículo 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes", seg\ún se detalla en el expediente de observaciones realizadas en 2017.
Aunque en las observaciones de los documentos consultados, se se\ñala como principal responsable al Secretario de Finanzas, la denuncia se realiz\ó contra quien resulte responsable del delito de ejercicio indebido del Servicio P\úblico que, en caso de comprobarse contra alg\ún funcionario o funcionarios, la sanci\ón podr\ía alcanzar desde la inhabilitaci\ón para ejercer cualquier cargo p\úblico en el futuro hasta 12 a\ños de prisi\ón, incluida la obligaci\ón de la reparaci\ón del da\ño por el monto de la afectaci\ón al erario.
\Éste es el primero de varios expedientes p\úblicos a los que MVS Noticias tuvo acceso y que iremos publicando.