El estado de Guerrero ofreci\ó 2 millones de pesos de recompensa por datos para localizar a los activistas Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro, desaparecidos el 12 de febrero.
La recompensa, ofrecida por el gobierno y la Fiscal\ía General del Estado, ha sido anunciada en el marco de la b\úsqueda de Obtilia y de Hilario, vistos por \última vez cuando viajaban en transporte p\úblico de Tierra Colorada a Chilpancingo,
Obtilia, activista de la Organizaci\ón de los Pueblos Ind\ígenas Me’Phaa (OPIM), cuenta desde 2009 con medidas provisionales de protecci\ón por resoluci\ón de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y en los \últimos meses recibi\ó amenazas de muerte.
Desde su desaparici\ón, el gobierno de Guerrero confirm\ó que puso en marcha protocolos de b\úsqueda y localizaci\ón y que envi\ó expertos al \último sitio en el que fueron vistos.
Adem\ás, se mantiene un operativo terrestre y a\éreos por las zonas en las que se presume podr\ían estar los activistas, adem\ás de que Concejo Municipal Comunitario de Ayutla inform\ó este jueves que han comenzado una b\úsqueda paralela de sus compa\ñeros.
Patricia Ram\írez Baz\án, miembro de este Concejo, confirm\ó que al menos 400 personas est\án en labores de localizaci\ón de Obtilia y de Hilario.
“No podemos permitir este tipo de situaciones; (para) nosotros como gobierno comunitario y defensores de los pueblos es un golpe directo”, argument\ó.
Sostuvo que la experiencia que tienen por ser habitantes de la regi\ón “sabemos c\ómo est\á la situaci\ón y decidimos hacer esta movilizaci\ón civil, porque la vamos a encontrar”, apostill\ó.
Ram\írez Baz\án confirm\ó que en relaci\ón a la desaparici\ón de sus compa\ñeros, se har\á una indagatoria de todos los integrantes del Concejo “caiga quien caiga y la pague quien la deba”.
En tanto, en la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero, activistas por los derechos humanos y colectivos de desaparecidos marcharon con pancartas y fotograf\ías de la activista para exigir su aparici\ón con vida.
La primer alerta de su desaparici\ón fue hecha por el sacerdote y activista de los derechos humanos Alejandro Solalinde que denunci\ó que fueron “levantados” (detenidos ilegalmente).
Grupos de derechos humanos y la Oficina en M\éxico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) han pedido al gobierno de Guerrero su b\úsqueda y localizaci\ón inmediata.