El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con residencia en Tamaulipas, notificó las sentencias de amparo que concedió a otros tres implicados en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en el que ordena reponer el procedimiento en su contra y crear una comisión de la verdad.
Estos amparos se suman al que concedió la semana pasada Miguel Ángel Bahena Landa, “El Chequel”.
Los magistrados concedieron la protección de la justicia a Salvador Reza Jacobo, “El Wereke”, Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, y Gildardo López Astudillo, “El Gil”, presuntos integrantes de Guerreros Unidos, quienes confesaron el secuestro, asesinato y quema de los normalistas.
Estas personas interpusieron el amparo en contra de los autos de formal prisión dictados por delincuencia organizada y otros delitos en la causa penal 123/2014.
El Tribunal Colegiado ordenó reponer los procesos desde el inicio con la condición de que PGR presente un dictamen independiente con base en el Protocolo de Estambul para probar que los acusados no fueron torturados.
De no presentarse este dictamen en plazo de diez días, los magistrados ordenaron tener por hecho que hubo tortura, lo que implicaría la libertad de los acusados.
Tras desconocer la investigación de la PGR, el Tribunal Colegiado ordenó crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, que se conformará por los representantes de las víctimas (familiares de los estudiantes desaparecidos), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Ministerio Público de la Federación.
Del mismo modo, hizo un llamado al presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que “gire instrucciones a todas las Secretarías y dependencias que integran su gabinete, para que en el marco de sus respectivas atribuciones, se sirvan prestar el apoyo y demás facilidades que requiera la referida comisión, para el logro de su cometido”.
Los representantes del Ministerio Público de la Federación, los Fiscales y personal de la Procuraduría General de la República, deberán ser distintos a los que han participado previamente en el presente caso.
Dicha comisión deberá quedar conformada en un plazo no mayor a diez días naturales, lo que deberá ser comunicado al Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito.
Asimismo, el Tribunal Colegiado ordenó investigar y sancionar a todos y cada uno de los responsables de la destrucción de uno o más videos capturados por las cámaras del Palacio de Justicia.