El 1 de julio, Morelos renovará su gubernatura, senadores, diputados federales, y alcaldes y a diferencia de las condiciones aliancistas que se registraron a nivel federal, la política local permitió que se formalizara una alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano sin el PRD, que en el Estado va en coalición con el Partido Social Demócrata, mientras que el Revolucionario Institucional va solo, al igual que Nueva Alianza y el partido Humanista.
El Partido Verde postuló a la única mujer para este cargo, además de un candidato independiente…
La alianza PES-Morena-PT tiene como abanderado al exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, cuyo paso por la administración municipal de la capital de Morelos, mantuvo un enfrentamiento político los últimos dos años con el gobierno estatal.
El dirigente de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, Gerardo Becerra Chávez de Ita, expresó que, una vez iniciada la contienda electoral, los ciudadanos desconocen propuestas concretas por parte de los abanderados de los partidos políticos.
Para el dirigente de la coordinadora, lo más importante en esta elección será que los contendientes den su mejor esfuerzo y que de forma efectiva en coordinación con las autoridades electorales se evite que los resultados del proceso para los diferentes cargos se judicialicen, ya que eso inhibe la legitimidad de los ganadores.
De forma paralela, el tema de la seguridad pública ha mostrado sus registros más violentos, ya que, de acuerdo con los índices en la materia, los delitos que no son de alto impacto se han incrementado.
Al respecto, Becerra Chávez de Ita cometa que ante la falta de efectividad que han mostrado las autoridades locales en la materia para poder garantizar a los ciudadanos las condiciones mínimas de seguridad, es necesario que los candidatos pasen del denuesto a la propuesta.
En este sentido, señaló que tanto la Fiscalía General como la Comisión de Seguridad, deben de dejar de generar un ambiente adverso que no beneficiará al proceso electoral ni a los ciudadanos, y por el contrario, deberán ser garantes de las mejores condiciones.Respecto a la participación ciudadana y seguimiento que las agrupaciones civiles darán al proceso electoral, integrantes de diversas asociaciones como la Cámara de Comercio, en voz de su titular Antonio Sánchez, han planteado la necesidad de crear un observatorio que vigile de cerca el comportamiento de los partidos, de los candidatos, de la autoridad electoral y del propio gobierno del Estado, además de conformar una estrategia de seguimiento de la jornada electoral, lo que permitirá denunciar de manera formal cualquier irregularidad.
Morelos ha mantenido un crecimiento permanente en materia de infraestructura e inversión privada que se refleja con la llegada de inversores para la construcción de plazas comerciales y empresas automotrices, farmacéutica y de innovación tecnológica, entre otras, ya que de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía estatal, durante los años recientes, Morelos ha recibido una inversión privada de aproximadamente 29 mil 853 millones de pesos.
Sin embargo, la administración de Graco Ramírez Garrido Abreu, dejará como herencia, una deuda pública superior a los 11 mil millones de pesos, lo cual significa que esta se elevó en más de un 50 por ciento, en sólo un sexenio.
Lo anterior, se suma a los cuestionamientos públicos respecto a la transparencia con la que se manejaron inversiones públicas como la construcción de la nueva sede del Poder Legislativo.
El sismo del 19 de septiembre del 2017 golpeó fuertemente a Morelos, siendo Jojutla la localidad más afectada de la zona centro del país. El próximo gobierno deberá continuar y concluir la etapa de reconstrucción.
No obstante, la actual administración deberá transparentar la entrega de recursos y apoyos a las 2 mil 800 familias de damnificadas que perdieron su hogar o fuente de empleo, a través del Fondo Unidos por Morelos creado específicamente para atender este renglón, ya que a la fecha existen testimonios de agraviados que no han recibido ni siquiera la mitad de los apoyos.
Este fondo tuvo una bolsa inicial de 300 millones de pesos de recursos propios, destinados a programas de autoconstrucción de viviendas, que complementaría el apoyo que a nivel federal se otorgó por parte del Fonden.