Defensores humanitarios urgieron a atender las desapariciones de mujeres, niñas, jóvenes y adolescentes en Tlaxcala, para prevenir otros delitos por razón de género, como la trata con fines de explotación sexual, la violencia sexual y los feminicidios.
Señalaron que aún con dos solicitudes presentadas para decretar en Tlaxcala la Alerta de Género, ha existido negativa por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), apelando a la “buena voluntad” de las autoridades estatales, lo que, evidentemente, no ha sido suficiente para cumplir con sus obligaciones de hacer frente a la violencia que viven las mujeres en el estado.
Subrayaron que es preocupante que estos delitos no se investiguen debidamente y que sean investigados como homicidios dolosos, no reconociéndolos como feminicidios, quedando en la impunidad y dejando a los feminicidas gozando de libertad y sin sanción; lo cual redunda también en la falta de prevención de las desapariciones y feminicidios que año con año se han mantenido entre los 10 y 16 casos.
En lo que va de enero de 2018 se han documentado 3 casos de feminicidio, dos de ellos en Yauhquemehcan con claros signos de saña, brutalidad y violencia extrema; y el tercero en la colonia de La Joya, en el que se observan inconsistencias para decir que la muerte de una joven fue a razón de una intoxicación etílica.
La confirmación del feminicidio de Wendy Sánchez Pérez, de 21 años de edad, quien fuera reportada como desaparecida el pasado 13 de enero, evidencia la omisión de las autoridades y su incapacidad para proteger y salvaguardar la vida de las mujeres.
En ese sentido, ante la reciente entrada en vigor de la Ley General de Desaparición Forzada las agrupaciones exhortaron a las autoridades a que este hecho marque la diferencia en cómo se investigan las desapariciones de mujeres, evitando que se sigan asesinando a causa de una mala actuación por parte de las autoridades, quienes mantienen la negación de datos, pérdida de las pruebas, además de la falta de sensibilización en las y los servidores públicos, omisión, negligencia, impunidad y la falta de voluntad para acreditar el delito.
Estas acciones y omisiones representan obstáculos para identificar, investigar y sancionar los feminicidios y las desapariciones con perspectiva de género, manifestaron la Red Retoño para la Prevención Social de la Delincuencia Organizada y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).