La “privatización”, no es el camino que debe seguir el gobierno de Nuevo León para erradicar la violencia, el autogobierno y la sobrepoblación en los penales, sobre todo en Topo Chico y Apodaca, “la aplicación de la ley al interior de los mismos eliminará, tanto los abusos como los privilegios: ambas caras de la misma moneda”, reclaman expertos y defensores humanitarios del país.
“Alertamos sobre la intención del Gobierno del Estado de Nuevo León de privatizar los centros penitenciarios, ya que la privatización de las prisiones es una forma de expropiación de la corrupción, como sucede en los centros federales operados bajo contratos de prestación de servicios (CPS) o bajo otras formas de asociación público-privadas”, señalan Ciudadanos en apoyo a los Derechos Humanos A. C. (CADHAC), Documenta, Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur, Miguel Sarre, Instituto de Justicia Penal Procesal, Elena Azaola Garrido y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ.
Los centros penitenciarios privatizados se caracterizan por la obstaculización en la prestación de los servicios médicos, e incluso el acceso al agua potable, dado que se edifican “a partir de criterios de mercado”, vulnerando los derechos humanos, tanto de las personas privadas de la libertad, como de sus familiares y del propio personal operativo, agregan.
Esta situación se denunció el año pasado en una audiencia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fue el objeto de un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Los expertos aclaran que “no es cierto que estos centros signifiquen un ahorro para el Estado; no puede haber ahorro donde hay dispendio como ocurre en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 ‘CPS Femenil Morelos’, y otros centros de este tipo, donde se hace evidente que el tamaño de las instalaciones no responde a las necesidades de la reclusión digna y segura, sino al abultamiento innecesario de los montos de los contratos, cuyo costo se traslada a toda la sociedad, hipotecando los ingresos públicos y afectando la satisfacción de los derechos sociales por varios lustros.
“Necesitamos que existan garantías para una #PrisiónConLey que dé trato digno a las personas en reclusión, quienes son sujetos de derecho y no mercancía”, subrayan.
Consideramos primordial que el Estado de Nuevo León asuma el control de los penales y con esto que garantice la capacidad de salvaguardar la dignidad y derechos de las personas en reclusión tales como seguridad, acceso al trabajo, salud, educación y alimentación, entre otros.
Defensores y expertos consideran indispensable que Nuevo León emita la Declaratoria para la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, legislación que garantiza los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
“Exigimos al Estado de Nuevo León un trabajo conjunto con Sociedad Civil y que involucre al Poder Judicial y la Fiscalía estatales, ya que son corresponsables de terminar con la impunidad. Asimismo pedimos transparencia en la toma de decisiones, ya que la opacidad favorece a la ineficiencia, la corrupción, la impunidad y las violaciones a derechos humanos”, concluyen en un posicionamiento.