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Familiares de desaparecidos reclaman, omisiones y tratos revictimizantes por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en la conferencia a medios donde se reportó el hallazgo de ocho fosas clandestinas en un terreno ubicado en la comunidad denominada el Arbolillo, municipio de Alvarado (con la recuperación de 47 cráneos y un número indeterminado de restos humanos).
Los familiares recriminan que las autoridades veracruzanas dijeron que hay “indicios sólidos” de que en las fosas “se encuentran los cuerpos de tres integrantes de la familia Sánchez Pérez, originaria de Querétaro y de Baruch Grajeda García e Isaías Jácome Hernández, originarios de Veracruz, todos desaparecidos en tal entidad en 2016”.
Sin embargo no precisaron cuáles son tales indicios.
Además las víctimas indirectas no fueron informadas previamente del hallazgo, sino que fue hasta que vieron publicada la noticia lo que les generó “un gran impacto, desesperación, dolor e incertidumbre”.
Las conclusiones, agregaron “no solo son precipitadas e insensibles, sino que son contrarias a lo establecido por las normas y protocolos nacionales e internacionales aplicables en materia de búsqueda de personas desaparecidas e implican violaciones a los derechos humanos de las víctimas”.
Ante lo que consideran un “acto irresponsable”, los familiares reclaman que las declaraciones no están respaldadas en
trabajo “científico y legales pertinente”, enfatizaron que las familias tienen, “derecho de ser informadas, sin mayor victimización”
Por lo anterior, exigen a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, establecer de inmediato mecanismos de comunicación directa con las familias y colectivos para revisar los procesos de investigación, búsqueda e identificación.
De hecho demandan garantizar la aplicación de los protocolos de Búsqueda de Personas Desaparecidas; agilizar los procedimientos de identificación forense de los restos localizados en Alvarado y Colinas de Santa Fe; y elaborar e implementar un Plan de Exhumaciones y de Identificación de restos localizados y por localizar en fosas clandestinas y fosas comunes irregulares de panteones de la entidad, con la participación de las víctimas, expertos independientes, y defensores de derechos humanos.
Asimismo, demandaron priorizar la asignación de recursos para el establecimiento de una política pública integral para la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de restos, concluyen las familias en un posicionamiento difundido por Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.