El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren Praeli, apostó hoy por otorgar de inmediato medidas cautelares a los pueblos indígenas si los Estados no les consultan sobre los proyectos en sus territorios.
Durante una audiencia pública de la CIDH sobre el derecho al territorio de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas, Eguiguren defendió el derecho “indiscutible” a que los pueblos indígenas sean consultados antes de que el Estado permita que se realicen actividades extractivas y otras obras en su territorio.
“La sola verificación de que la consulta no se ha realizado es una violación manifiesta de un derecho que conlleva el inmediato otorgamiento de una medida cautelar y la suspensión de esas actividades (…). La prueba de que no ha habido consultas es una invasión y un atropello”, dijo el comisionado.
Eguiguren aseguró que la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que aprobó la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado junio, garantiza la consulta previa que busca el consentimiento libre e informado de esas comunidades.
Sin embargo, explicó que el “gran” reto es que los Estados firmantes, que lo hicieron de forma facultativa, después cumplan con el compromiso de consulta.
El también exministro de Justicia peruano afirmó que no cabe discusión sobre el derecho de los pueblos indígenas a ser preguntados, y recordó que los países que no han firmado el acuerdo también deben respetarlo solo por el hecho de pertenecer a la OEA.
“El derecho de propiedad colectiva de los territorios de los pueblos indígenas se sustenta en la vinculación de la tierra y los recursos naturales con su idiosincrasia, su forma de vida, su cultura y su subsistencia”, sostuvo.
Por su parte, la vicepresidenta primera de la CIDH, Margarette May Macaulay, indicó que muchos Gobiernos durante las últimas décadas han colocado el desarrollo y la extracción de recursos de las tierras indígenas por delante del interés de “la gente que ha estado en esos territorios durante años y años”.
Macaulay se mostró descontenta con los proyectos que “perjudican a las gentes y a las tierras”, y se lamentó de que el dinero sea más prioritario para los Gobiernos que los derechos de sus ciudadanos.
“Mi sueño es la justicia para todos (…). Tenemos que luchar para ello y tenemos que exigir una rendición de cuentas estricta a los Estados”, argumentó.
En cuanto a los peticionarios, el secretario ejecutivo de Red Eclesial PanAmazonica, Mauricio López, solicitó a la CIDH que evalúe la posibilidad de elaborar y publicar un informe temático sobre la situación del derecho al territorio de los pueblos indígenas.
La CIDH celebra entre hoy y el próximo miércoles 40 audiencias, unas sobre problemáticas de derechos humanos en 16 países y otras generales sobre la situación de un colectivo en toda la región.
La Comisión, creada en 1959, es un órgano autónomo de la OEA y sus audiencias públicas son la herramienta principal del organismo para visualizar y denunciar las violaciones de derechos humanos en los 35 países del continente.