El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana responsabilizó del asesinato de dos empleados de la minera Media Luna a “bandas armadas de matones” de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), a la empresa matriz Torex Gold y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
Hasta el momento se sabe que dos trabajadores que participaban en el retén y paro de labores fueron ultimados a tiros por hombres armados que irrumpieron en la minera el sábado, ubicada entre las comunidades de Atzcala y La Fundición, municipio de Cocula, en Guerrero.
De acuerdo con el diario El Sur, el Sindicato identificó a las víctimas como los hermanos Víctor y Marcelino Sahuanitla Peña, originarios de Tepecoacuilco, y denunció que, tras el ataque, militares lograron detener a los agresores, “pero de inmediato los dejaron en libertad” y que incluso fueron escoltados por miembros de la Gendarmería.
Asimismo, informó que los paristas señalaron como responsables de la agresión a los líderes locales de la CTM, Óscar Sotelo Gaspar, Marcelo Ríos Zúñiga, Marcial Barrios, Rodolfo Aldave Villalobos y los hermanos Luis y Miguel Gómez Montiel, estos últimos conocidos como Los Chivos y acusados de dirigir la agresión.
“Lo que realizaron las bandas armadas de matones de la CTM se inscribe en las peores prácticas de la represión a obreros mineros y pobladores, por lo cual el Sindicato exige que se investigue y castigue penalmente a las tres instancias involucradas (Torex Gold, CTM y STPS), para que no quede impune esta vil y cobarde agresión”, demandó.
Los empleados se declararon en paro el 3 de noviembre para exigir el cambio de la titularidad de su contrato colectivo de trabajo de la CTM al Sindicato Nacional de Mineros, porque la primera “no defiende sus derechos y los traiciona, los ofende, los agrede y los amenaza constantemente, y que está sometido totalmente a los intereses de la empresa”. Un día antes del doble homicidio, los paristas entraron a las instalaciones de Media Luna y desalojaron a unos 50 trabajadores afines a la empresa, así como a otros 30 del campamento ubicado en Atzcala.
Tras el crimen, el Sindicato exigió el retiro de la concesión a la minera y “que ya no se realice el recuento sindical que estaba en perspectiva, sino que se confirme la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo de inmediato al Sindicato Nacional de Mineros”.