El gasto de gasolina en la 62 legislatura, que concluyó el 13 de noviembre de 2016, superó tan solo en ese año el millón de pesos en una sola gasolinera de las varias que tenían como proveedoras de este insumo.
En los libros de registro de Servicio Caste, una de las gasolineras que proveía de este insumo al Congreso de Oaxaca, las dos últimas transferencias superan los 300 mil pesos.
Es el monto de lo que destinó la Legislatura para dotar a los legisladores de vales de gasolina. El mecanismo, según explicó una persona que labora en la gasolinera, es que primero se hacía la transferencia del recurso, que se traducía en vales, los cuales solo eran canjeados en la terminal ubicada en el crucero de Cinco Señores.
Es decir, el manejo de los vales se hacía con discrecionalidad desde el Congreso y estos podían ser distribuidos a familiares, amigos o colaboradores.
Según el registro –del que permitieron tomar fotografía–, el 29 de septiembre se hizo la transferencia marcada con el número 213700 por 215 mil pesos. Ese mismo día, con la clave 213701, se hizo otra transferencia más por 20 mil pesos.
El 4 de noviembre, la última compra que realizó la 62 Legislatura, la transferencia 0085 fue por 126 mil pesos.
Las compras anticipadas de gasolina fueron durante todo el año 2016, con cantidades similares que dan un gasto aproximado de un millón de pesos.
A las empresas que fueron contratadas por la anterior legislatura no les han renovado contratos y están en espera de que definan esta situación.
El diputado Irineo Molina, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Oaxaca y coordinador de los diputados de Morena, dijo que desconocía si los legisladores recibían el beneficio de gasolina, pagada con recursos públicos.
Ofreció, que una vez revisada esta situación, renunciarían a ese beneficio. Mientras que el tesorero, Javier Aldana, dijo que no estaba autorizado para dar la información respecto al monto ejercido para la compra de gasolina que se destina a los diputados y sus colaboradores.
Las transferencias realizadas por la tesorería del Congreso muestran que sí tenían esta prerrogativa, y es solo una de las gasolineras que tenían como proveedor de este insumo.
Este gasto no aparece en ningún registro público del Congreso ni hay claridad en cuanto a la forma en que se distribuyó la misma.