La Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León citó a comparecer al exgobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, para el próximo 24 de enero, por un delito derivado de un incremento patrimonial detectado por la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Ernesto Canales Santos, titular de la Subprocuraduría, informó en conferencia de prensa que el presunto delito se detectó a partir de las declaraciones patrimoniales presentadas por el exmandatario estatal.
“Esta cita parte de la Subprocuraduría, es consecuencia de una denuncia presentada y de las investigaciones que la Subprocuraduría ha realizado con base en estos datos –que- inicialmente ha denunciado”, dijo.
“Se trata de un delito nuevo, distinto, diferente a los otros tres por los cuales se ha imputado a Rodrigo Medina, entre ellos ejercicio indebido de funciones, señaló.
“El delito tiene que ver con un incremento patrimonial en el caso de las declaraciones de Rodrigo Medina, no puedo aumentar la descripción de ese delito porque entorpecería las investigaciones”, mencionó.
En caso de que Medina no acuda a declarar, abriría a la Fiscalía la posibilidad de pedir la fuerza pública para su comparecencia, advirtió Canales Santos.
Medina de la Cruz, quien gobernó el estado en el sexenio 2009-2015, deberá acudir a declarar el próximo martes 24 de enero, a las 12:30 horas, en las instalaciones de la Fiscalía; al día siguiente tendrá que asistir a la audiencia de segunda imputación que se realizará en el Palacio de Justicia.
En esta última fecha, la Subprocuraduría volverá a imputar a Medina por peculado y delitos contra el patrimonio del Estado, por el caso una armadora automotriz, los cuales no fueron aceptados por un Juez de Control en una primera imputación.
El 26 de enero es el cierre de investigación tanto para Medina como para Rolando Zubirán Robert, exsecretario de Desarrollo Económico; Celina Edith Villarreal Cárdenas, subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional de la misma dependencia y el ex tesorero estatal Rodolfo Gómez Acosta
El exmandatario estatal, Zubirán Robert y Villarreal Cárdenas fueron vinculados a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones, por presuntas irregularidades en los incentivos otorgados a la armadora, por más de tres mil 600 millones de pesos y exenciones de impuestos que excedieron los montos establecidos por la Ley.
Por el mismo caso, Gómez Acosta permanece vinculado a proceso por peculado, ejercicio indebido de funciones y delito contra el patrimonio del estado.