El Gobierno Federal insiste en promover su imagen con fines electorales, ordenando de manera irregular colocar su logotipo en las cajas de medicamentos que se distribuyen gratuitamente en el sector salud, advirtió el integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Éctor Jaime Ramírez.
El legislador lamentó que la Presidenta de la República intente justificar la anomalía con el argumento de que se busca evitar que las medicinas se vendan en el mercado ilegal.
Es un capricho electoral poner la etiqueta del gobierno en los envases de esos insumos, reclamó.
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En un mensaje largo publicado en sus cuentas en redes sociales, el parlamentario que hace semanas denunció públicamente la decisión de colocar imágenes alusivas al Gobierno Federal en las medicinas gratuitas del sector salud, la cual obligó a la Secretaría de Salud a salir a negar los hechos y cambiar la instrucción establecida en los contratos de licitación para las compras de 2017, volvió a poner en evidencia a la administración federal.
Propaganda gubernamental en los medicamentos
Ramírez Barba calificó como “falso” que la intención del Ejecutivo Federal al colocar la imagen del gobierno en 6 mil millones de medicamentos, sea la de evitar que esos productos lleguen al mercado negro y a la venta en las calles.
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Subrayó que hay distintas iniciativas de reforma que han sido desechadas e ignoradas en comisiones de San Lázaro, cuyo propósito sí era actuar contra el mercado negro de medicinas.
“La presidenta defendió hoy la inclusión de propaganda de su gobierno en 6 mil millones de medicamentos. Dice que es para combatir el robo y la reventa ¡Es falso! Si les preocupara, Morena no llevaría años frenando las reformas para castigar con más fuerza estos delitos Hemos presentado iniciativas en la Cámara de Diputados para aumentar las sanciones contra el robo de medicamentos, su falsificación y la venta de insumos del gobierno en el mercado negro”, anotó en un mensaje difundido en su cuenta en la red social X, antes Twitter, @ectorjaime.
Enfatizó que la mayoría conformada por legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM) ha desestimado por completo las iniciativas de reforma que sí van contra la venta ilícita de medicamentos del sector salud, al considerarlas innecesarias.
Dio a conocer capturas de pantalla de proyectos de reforma a la Ley General de Salud en materia de prácticas ilícitas con medicamentos, desechados por la Comisión de Salud de San Lázaro.
Al defender que la imagen del Gobierno Federal se imprima en los envases de medicamentos y decir que con ello se busca evitar su venta ilegal, la Presidenta de la República admitió la problemática de tráfico de medicinas en México, dijo el legislador.
Sin embargo, también aprovechará para hacer propaganda ilegal en las semanas previas al arranque del proceso electoral 2027.
Recalcó que es una práctica común en la actual administración, el uso de los recursos públicos destinados a la salud con fines político electorales, tal y como se ha hecho con programas como las llamadas “Farmacias del Bienestar”, las visitas médicas adscritas al programa “Salud Casa por Casa” e incluso el Servicio Universal de Salud.
“El gobierno busca usar los programas como una estructura de promoción política operada desde la Secretaría del Bienestar y los servidores de la nación. Mientras tanto, la compra de medicamentos para 2027 y 2028 avanza con retrasos, y ni siquiera está garantizado el abasto de 2026. El abasto oportuno, la calidad y el control sanitario quedan en segundo plano para convertir 6 mil millones de medicamentos en propaganda gubernamental”, abundó.
Adeudos con proveedores
A esa problemática, añadió, se suma la falta de pago a proveedores del IMSS Bienestar.
Indicó que el propio organismo reconoció en una comunicación oficial, que sólo cumplirá con el pago de adeudos correspondientes a este 2026, porque los del año 2025 y anteriores quedarán sujetos a lo que determine y autorice la Secretaría de Hacienda.
“Es increíble que el gobierno se niegue a pagar lo que debe a proveedores de medicamentos e insumos para la salud y, al mismo tiempo, les imponga nuevas cláusulas absurdas con fines propagandísticos. De acuerdo con Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, estos adeudos llegaron a sumar 11 mil millones de pesos y hoy rondan los 5 mil millones”, agregó.
El legislador panista reiteró sus sospechas respecto a que esas acciones son deliberadas y tienen como propósito justificar la entrega de contratos a empresas de países como India, que si bien pueden tener un menor costo económico, su calidad es “cuestionable” y tienen quejas por incumplimiento.