La madrugada de este lunes, la violencia sacudió nuevamente a la alcaldía Tlalpan con un saldo trágico. Un ataque directo dejó como saldo a Rodrigo Solórzano fallecido y a otras cuatro personas heridas.
Los hechos ocurrieron en el establecimiento denominado Makali, el cual operaba fuera del horario legal. Cerca de las 5:00 horas, se reportó una intensa balacera en el bar Makali que provocó pánico.
Testigos denunciaron que el lugar seguía brindando servicio gracias a la omisión de las autoridades locales. La alcaldía Tlalpan habría permitido que el giro operara de manera irregular durante las horas previas.
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Tras los disparos, el personal del establecimiento realizó maniobras para alterar la escena del crimen. Se reportó que sacaron al herido de bala y lavaron las manchas de sangre dentro del local.
El objetivo de estas acciones era aparentar que la balacera en el bar Makali se originó fuera. Esta manipulación de evidencias ya es analizada por los peritos de la fiscalía capitalina.
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Investigan encubrimiento tras balacera
Agentes de la SSC y de la Fiscalía CDMX arribaron al sitio para iniciar las indagatorias correspondientes. Los elementos recolectaron testimonios sobre cómo se intentó limpiar el lugar antes de que llegara la policía.
Las cámaras de seguridad serán fundamentales para identificar a los responsables del homicidio y cómplices. Se busca determinar quién dio la orden de alterar la escena tras la balacera en el bar Makali.
Los nombres de Víctor Nieves, Miguel Uribe y Fernanda Soto surgen en los reportes preliminares del caso. Se indaga su posible relación con la administración del inmueble o su presencia durante el ataque armado.
La zona permanece bajo resguardo policial mientras se realizan los peritajes necesarios para esclarecer el móvil. Vecinos denuncian que estos bares operan sin control alguno en la demarcación de forma constante.
Omisiones oficiales en la balacera en el bar Makali
La opinión pública cuestiona a la alcaldía Tlalpan por permitir que estos bares funcionen hasta el amanecer. La falta de verificación administrativa facilitó que el conflicto terminara en una tragedia mortal de impacto nacional.
En la red social X, ciudadanos exigen justicia y la clausura definitiva de estos espacios ilegales. La fiscalía prometió transparencia total para castigar tanto a los sicarios como a quienes ocultaron pruebas físicas.
Este caso pone de manifiesto la problemática de seguridad en los centros nocturnos de la capital. La alteración de pruebas es un delito grave que podría llevar a la cárcel a los encargados.
Por ahora, las autoridades rastrean a los agresores que huyeron del sitio inmediatamente después de disparar. Se espera un comunicado conjunto entre la SSC y la Fiscalía tras la balacera en el bar Makali.