El caso de un rescate animal generó polémica en redes sociales y en la opinión pública. Dos periodistas recataron a un perrito en la alcaldía Azcapotzalco, CDMX, tras denuncias vecinales que señalaban que el animal llevaba más de ocho días sin comida ni agua en una azotea. Sin embargo, la acción podría traerles consecuencias legales, ya que el dueño del can aseguró que presentará una denuncia en su contra.
El perro de raza Husky, nombrado “Apolo”, fue encontrado en condiciones de abandono y suciedad, expuesto a las lluvias y al sol.
Usuarios en redes sociales denunciaron la situación y presionaron a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), que acudió al sitio, pero únicamente dejó una notificación en la puerta del domicilio.
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Ante la falta de respuesta, los periodistas Laura Sánchez y Óscar Balderas decidieron actuar por su cuenta.
¿Cómo fue el rescate del perrito en Azcapotzalco?
De acuerdo con las publicaciones de ambos periodistas, Apolo fue sacado del inmueble y entregado a una activista que ahora lo resguarda. Aunque no compartieron la ubicación exacta, afirmaron que el perrito ya tiene alimento y cuidado, mientras que otros tres canes permanecen en condiciones similares dentro del predio.
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El rescate en la CDMX fue celebrado por internautas, quienes viralizaron el caso. No obstante, los comunicadores confirmaron que el dueño apareció y advirtió que presentaría una denuncia por allanamiento de morada y otros delitos, lo que abrió un nuevo debate sobre los límites entre la acción ciudadana y la intervención legal.
¿Qué dicen las autoridades sobre este caso?
Vecinos de la colonia Santa Apolonia reiteraron que el perrito estuvo cerca de nueve días sin atención ni alimento, situación que consideraron como un claro caso de maltrato animal.
El episodio pone nuevamente en el centro de la discusión el maltrato hacia mascotas en la capital. Mientras algunos celebran que se recatan casos de abandono como el de Apolo, otros señalan la urgencia de que las autoridades actúen de manera más firme para evitar que la ciudadanía tenga que intervenir y enfrentar procesos legales.