El Congreso de la Ciudad de México solicitó al Consejo de la Judicatura Federal iniciar los procedimientos de investigación para determinar las responsabilidades y sanciones en contra del juez tercero de distrito de amparo y juicios federales en el estado de Chiapas y de la jueza quinta de distrito en el estado de Morelos, luego de que otorgaron suspensiones para frenar la Reforma Judicial.
Lo anterior por transgredir la esfera de competencia que les corresponde y vulnerar el principio constitucional de la división de poderes consagrado en la Constitución federal, argumentó la diputada por Morena, Valeria Cruz Flores.
En tribuna la legisladora expuso que esta proposición atiende a la actuación ilegal de los jueces, que, aseguró, han excedido sus facultades para impedir la discusión de la reforma al Poder Judicial, lo cual es parte de los derechos y responsabilidades de los legisladores que son representantes de la voluntad de una ciudadanía.
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“Este punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar al Consejo de la judicatura Federal para que en cumplimiento a sus atribuciones conferidas en la ley orgánica del poder judicial de la Federación, inicie los procedimientos correspondientes en contra de actuar de los jueces que otorgaron la suspensión provisional y definitiva, transgrediendo de su competencia, vulnerando el principio constitucional de la división de poderes”, expresó.
Al hablar en contra del punto de acuerdo, la diputada por el PAN, Claudia Susana Pérez Romero, aseguró que esta solicitud compromete la correcta impartición de justicia, agrede la autonomía que el Poder Judicial debería ostentar y busca dañar a jueces y juezas que defienden su postura ante la perspectiva que se vive por la discusión de la reforma judicial.
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“Hago uso de la voz porque este punto de acuerdo es una señal de intimidación a todos aquellos que puedan pensar diferente al régimen totalitario que hoy gobierna”, indicó.
En tanto, el legislador por Morena, Paulo Emilio García González insistió en que detener la discusión en el Congreso de la Unión es una afrenta a la división de poderes, por lo que deben aplicarse las medidas establecidas en el reglamento disciplinario correspondiente.