La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “grave preocupación” por la aprobación del proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial y advirtió sobre los posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, en las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho.
“La CIDH reconoce la importancia de una reforma que fortalezca el sistema judicial en México y viene dando seguimiento cercano al proceso legislativo sobre la reforma judicial”, indicó.
Agregó que ha recibido cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia “sobre las posibles afectaciones que derivarían de esta reforma constitucional frente a las obligaciones internacionales de México en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y vigencia del Estado de derecho”,
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“Según la información disponible, la reforma incluye el cese de autoridades judiciales mexicanas a ser ejecutado en fases entre 2025 y 2027 para dar paso a una elección popular de todas las personas juezas, magistradas y ministras del país. Asimismo, se llamó la atención de la CIDH respecto a que lo precipitado de las profundas modificaciones podría tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial”, advirtió.
Añadió que, “las críticas también señalan que no parte de un diagnóstico sobre los verdaderos déficits en el acceso a la justicia ni contempla cómo impactará en los procesos de elección popular la fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas del país”.
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Admitió la CIDH que persisten desafíos en el acceso a la justicia en México que se traducen en altos niveles de impunidad y corrupción, tal como lo ha resaltado en los informes anuales de los últimos lustros.
“Sin embargo, una reforma constitucional de esta envergadura debe conducirse en el marco de un diálogo amplio, debidamente informado y participativo y que active, de buena fe, los mecanismos institucionales de participación ciudadana”, enfatizó.
Lo anterior, a fin de que los cambios que se adopten fortalezcan el respeto y garantía de los derechos humanos. “En todo caso, una reforma comprehensiva del sistema judicial debería abarcar a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia, como es la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas”.
“Si bien el Estado informó sobre una serie de diálogos nacionales para garantizar la participación ciudadana en la reforma que ocurrieron entre el 21 de febrero y el 18 de abril de 2024, la CIDH observa que la celeridad en su tramitación está impidiendo considerar efectivamente las críticas de un sector de la ciudadanía, tal como lo demuestran las manifestaciones de las últimas semanas”, sentenció.
Además, “preocupa las descalificaciones públicas contra personas juzgadoras con motivo de sus opiniones por parte de las autoridades que están impulsando la reforma”.
“Los procesos de selección de las autoridades disciplinarias de la judicatura también deben revestir las garantías de independencia”, dejó en claro.
A su vez, la Relatora Especial sobre la independencia de personas magistradas y abogadas de Naciones Unidas señaló su preocupación por la incompatibilidad de las propuestas con las obligaciones de derecho internacional de los derechos humanos.
Tras lo anterior, instó a las autoridades del Estado a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación.