La Coparmex, afirmó que la iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución que amplía el catálogo de delitos sujetos a la Prisión Preventiva Oficiosa como la defraudación fiscal y la extorsión, representa un retroceso en la protección de derechos humanos.
El organismo patronal destacó que incluir delitos como la defraudación fiscal en el catálogo de Prisión Preventiva Oficiosa y aplicar la norma a literalidad limita la capacidad de defensa y la evaluación del caso por parte del juez, pudiendo usarse de forma desproporcionada para objetivos políticos.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) externó su preocupación ante la reciente propuesta de reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que amplía el catálogo de delitos que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa. Esta propuesta, presentada el pasado 5 de febrero como parte de las iniciativas del Presidente de la República, fue dictaminada y aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el 13 de agosto de 2024.
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Indicó que entre las modificaciones aprobadas se incluye la adición de delitos como la defraudación fiscal y la extorsión, entre otros. Además, se incorporó una reserva presentada por el Diputado Leonel Godoy para aplicar la norma de manera literal, limitando la posibilidad de defensa y la evaluación de medidas cautelares alternativas.
Desde Coparmex, expresó su preocupación por el impacto potencial de esta reforma.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre de 2022, ordenó al Estado mexicano eliminar la Prisión Preventiva Oficiosa, argumentando que vulnera los derechos humanos y contradice el principio de presunción de inocencia.
En este contexto, la ampliación del catálogo de delitos sujetos a Prisión Preventiva Oficiosa representa un retroceso en la protección de derechos humanos.