Habitantes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, han hecho un mapeo de la problemática del agua en sus territorios y concluyeron que son tres las situaciones apremiantes por atender y combatir: las concesiones que se otorgan a empresas, la red hidráulica obsoleta y el huachicoleo del agua a través del robo que realizan bandas para llenar sus pipas, así lo señaló Jacqueline Valdez representante del Grupo Promotor de la Contraloría del Agua para esta ciudad.
Informó que en las distintas consultas que se han realizado en todo el territorio de la capital el tema del desabasto del agua predomina sus agendas en mayor o menor medida y es por ello que se pusieron a trabajar para determinar las causas de esta situación.
“Las cuestiones que se repiten en todas las alcaldías son las concesiones y se repitió la infraestructura hidráulica que tiene muchos años, que es necesario cambiar tiene muchos años; también el huachicoleo, el agua se la están llevando todas esas pipas, el territorio no tiene pero las pipas sí tienen y eso viene a partir de contratos, de acuerdos con nuestros políticos, tiene que ver y hay que decirlo el nombre es corrupción”, indicó.
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Sostuvo que a partir de fundamentos establecidos en la Constitución de la Ciudad de México, como es el derecho a la ciudadanía, se puede trabajar en una agenda social que atienda todos aquellos temas que dañan la calidad de vida de las y los capitalinos.
“Ya está en la Constitución de la Ciudad de México, ahí está que podemos hacer esas Contralorías Sociales del Agua en cada alcaldía, en cada territorio, para organizarnos, cuidar todo el tema de hacer valer el derecho al agua, que tiene que ver con todos los derechos colectivos, todos están enlazados, se dice el derecho a la ciudad, pero el derecho a la ciudad tiene que ver con todos los derechos colectivos y la afectación al agua que es un eje transversal”, destacó.
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El Grupo Promotor de la Contraloría al Agua busca que desde el Poder Legislativo se derogue la actual Ley de Aguas Nacionales de hace más de 30 años y se apruebe una Ley General del Agua más acorde con los problemas actuales y con una visión de justicia social.