PAN en Congreso CDMX propondrá la 'Ley Ulises' para evitar nombramientos improvisados en FGJCDMX

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso capitalino presentará una reforma para asegurar que la persona que asuma las funciones  del o la titular de la Fiscalía ante una ausencia definitiva, cumpla con los mismos requisitos que establece la constitución y la ley para la persona Fiscal General.

Aníbal Cañez Morales, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, consideró que no se debe  permitir que ante la ausencia del titular o de la persona titular de la Fiscalía local, asuma un perfil que no cuente con las credenciales necesarias y con ello se vulnere el derecho de libre acceso a la justicia, así como el debido proceso.

“Lo único que buscamos con esta reforma es el garantizar la regularidad legal y constitucional, respecto de la persona encargada de la procuración de justicia en la ciudad de México, un tema es sensible para millones de capitalinas y capitalinos que aquí vivimos y que, desgraciadamente en los últimos años, fue utilizado como un instrumento político para favorecer las hostigaciones de un partido político o de un grupo en específico”, dijo.

En este sentido el panista indicó que la FGJCDMX no debe estar en manos de un representante de partido político ni responder a lineamientos electorales de cara a la elección de este 2024.

La “Ley Ulises” o las reformas a la Ley Orgánica de la FGJCDMX propuestas por el legislador establecen en el artículo 46 que “La persona que supla la ausencia o falta definitiva de la persona Titular de la Fiscalía durante el tiempo en el que se lleva a cabo el proceso constitucional para su sustitución, deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos en el artículo 39 de esta Ley”.

Dicho artículo señala que pese ser Titular de la Fiscalía de la Ciudad de México se requiere que al momento de su designación tener ciudadanía mexicana; tener cuando menos treinta y cinco años de edad; contar con título y cédula de licenciatura en derecho, con experiencia mínima de 5 años; no haber sido condenada por delito doloso; someterse y acreditar en los términos de la ley, las evaluaciones y certificación de confianza; presentar y hacer pública, en los
términos de la ley su declaración patrimonial, fiscal y de intereses; así como haber desempeñado un cargo de elección popular, o cargo de dirección de un Partido Político, un año previo.