Este lunes el secretario de Gobierno, Martí Batres remitió al Congreso capitalino dos iniciativas propuestas por la jefatura de gobierno. El primer proyecto es para expedir la Ley de Memoria de la Ciudad de México.
El objetivo de esta nueva legislación responde a la lucha que, desde el movimiento estudiantil de 1968, han sostenido las víctimas, familiares y sobrevivientes de violaciones graves a los Derechos Humanos por parte del Estado mexicano; además de que busca honrar la memoria de las víctimas fallecidas, desaparecidas y sobrevivientes de la represión de las luchas sociales en la capital del país.
Al hacer entrega del documento al presidente de la Mesa Directiva, el Fausto Manuel Zamorano, Batres Guadarrama explicó que se establece la figura de Sitios de Memoria y se dota de atribuciones a las Secretarías de Cultura; y de Desarrollo Urbano y Vivienda para a que impulsen acciones de conservación de dichos sitios.
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“Esta Ley tiene entre sus propósitos y los temas a tratar, el reconocimiento del derecho de las víctimas y de la sociedad en general al acceso de archivos en posición de las instituciones administrativas de la Ciudad de México, se establece la figura de Sitios de Memoria. También se asignan atribuciones a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para preservar los Sitios de Memoria; asimismo se establecen atribuciones para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda”, expuso.
El secretario de Gobierno agregó que también se establece que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México contará con un centro de documentación y de investigación de la memoria, que tendrá como objeto reunir, recuperar y preservar archivos y testimonios, realizar las gestiones necesarias para la recuperación de objetos e información vinculada con el objeto de esta ley.
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Batres Guadarrama también entregó la propuesta para reformar diversas disposiciones de la Ley de Educación, a fin de que programas en esta materia implementados durante esta administración prevalezcan al terminar el sexenio.
“El objeto general de esta iniciativa es que todos aquellos aportes que se generaron como políticas públicas, primero, a lo largo de esta administración, se conviertan en derechos, es decir, que permanezcan una vez que termine esta administración para beneficio y disfrute de la población, y que sea obligación del gobierno y de las sucesivas administraciones darle continuidad a todos estos beneficios: becas, uniformes, útiles escolares, PILARES, universidades, alimentos”, indicó.
El funcionario mencionó que mediante estas reformas se incorpora en la Ley el reconocimiento a la creación de la Universidad Rosario Castellanos y de la Universidad de la Salud, cada una como organismos públicos descentralizados con personalidad jurídica propia y patrimonio propios.
Ambas iniciativas fueron turnadas a comisiones para su análisis, estudio y dictaminación.