Luego de que las hermanas Sofia y Esmeralda murieron en noviembre pasado al caer en una coladera sin tapa cuando iban a un concierto en la alcaldía Iztacalco, en el Congreso de la Ciudad de México avanzó en comisiones un paquete de nueve iniciativas en materia de robo inmobiliario, las cuales fueron presentadas por los distintos grupos parlamentarios, así como por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
En la décima primera sesión extraordinaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, los legisladores aprobaron estos nueve dictámenes para reformar y adicionar distintos artículos del Código Penal para el Distrito Federal para prevenir, investigar, erradicar y sancionar la compra, robo y reventa de mobiliario urbano.
Estas iniciativas también buscan endurecer las sanciones para el robo de cable, incluido el que se reporta en las instalaciones del Metro, destacó el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, Octavio Rivero.
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“De aprobarse el presente dictamen en el pleno habremos de atender una problemática social que no había sido debidamente abordada en nuestro código penal, con lo que las reformas y adiciones y modificaciones propuestas por las diferentes fuerzas políticas buscan actualizar la punibilidad de los delitos relacionados al daño, robo, interrupción y toda aquella afectación al suministro de los diversos servicios públicos prestados por la ciudad de México. Esperemos que con la aprobación del dictamen que hoy abordamos demos respuesta a las demandas ciudadanas actuales referentes a, por ejemplo, el robo de coladeras, de cableado eléctrico, instalaciones hidráulicas y alumbrado público o el sabotaje, daño o interrupción al sistema de transporte colectivo metro”, expuso.
La iniciativa de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum contempla adicionar un tercer párrafo a la Fracción lll del Artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal mediante la cual se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando se “enajene, posea, adquiera, trafique, emplee o reciba elementos del equipamiento o mobiliario urbano que hayan sido obtenidos a través del robo, como pueden ser: alcantarillas o tapas de registro de cualquier servicio público o privado; del alumbrado público; de energía eléctrica; de la red de agua potable; de la red de drenaje; de señalización vial; de gimnasios al aire libre; o de parques y jardines”.
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Como parte de la iniciativa de la jefatura de gobierno también se propone adicionar la Fracción Vl al artículo 131 del Código Penal para el Distrito Federal para sancionar en los casos en que haya lesiones que sean causadas como consecuencia del robo o sustracción ilegal de cualquier tipo de tapa de registro o alcantarilla utilizado en instalaciones eléctricas o hidráulicas de cualquier servicio público de la Ciudad.
Otras de las iniciativas es la del diputado por el PAN, Luis Alberto Chávez, mediante la de se daría una pena de tres a diez años de prisión y hasta mil veces la Unidad de medida y actualización a “las personas que realicen la ilegítima sustracción, apoderamiento, comercialización y detentación o posesión de equipamiento urbano y/o mobiliario urbano, propiedad gubernamental o titular de concesión de ese servicio público.
"La misma pena se aplicará para los servidores públicos que están obligados a la reposición o reparación del equipamiento y/ mobiliario urbano y teniendo conocimiento de dicha falta, carencia o ausencia no llevan a cabo su reposición o reparación sin causa justificada”.