El pleno del Congreso capitalino aprobó modificaciones al artículo 345 bis y adiciones al artículo 346 bis del Código Penal local, para aumentar las sanciones en materia de tala ilegal.
A partir de esta reforma se establecen de seis a 20 años de prisión y de seis mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización vigente para quien haga tala ilegal o con dolo.
Mientras que para quien ilícitamente comercie, almacene, transforme o distribuya madera será la misma pena privativa de libertad, además de una sanción de 10 mil a 15 mil Unidades de Medida y Actualización.
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Al sustentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, José Octavio Rivero Villaseñor dio cuenta de los daños ecológicos que ha generado este ilícito en la capital del país.
“Los talamontes cortan en promedio 400 árboles diarios y según estimaciones del año 2019, arrasaron con 200 mil ejemplares y expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana y en derecho ambiental y sustentabilidad señalan que la tala inmoderada en diversas zonas provoca un daño ecológico que daña los principales pulmones de la capital y atenta contra los 10 acuíferos de la megalópolis que proveen cerca del 70 por ciento de agua potable que consumen los capitalinos”, expuso.
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Las reformas también contemplan penas corporales y pecuniarias para aquellas personas que actúen en nombre, representación o beneficio de una persona moral o jurídica, a los propietarios, socios, representantes legales y apoderados.
Además de que las penas incrementarán en caso de sean servidores públicos o beneficiarios de programas sociales de protección al medio ambiente.
Asimismo, el pleno aprobó una reserva al artículo 345 bis presentada por la diputada de Morena, Nancy Marlene Núñez Reséndiz, para suprimir la fracción quinta del tipo penal de ecocidio, toda vez que la misma “pretende hacer punible la conducta de realizar la emisión de contaminantes que afectan al aire”.
“Tal redacción dejaría en estado de incertidumbre jurídica -al ser tan escueta- a los destinatarios de la norma, al no establecer un parámetro que determine la conducta que se sanciona”.
Adicionalmente la congresista explicó que esta conducta ya se encuentra sancionada por la vía administrativa y de manera más específica.