Ante legisladores de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia locales (Conatrib), Rafael Guerra Álvarez, advirtió que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF) debe facilitar a los justiciables resolver sus conflictos, y evitarles una enorme y larga pelea.
En la instalación del Grupo de Trabajo para la Legislación en Materia de Justicia Cotidiana, enfatizó que el citado código debe dotar a los jueces de mayores y mejores herramientas para satisfacer la necesidad de las personas de resolver su situación familiar, defender su patrimonio o buscar reparación adecuada a la violación a sus derechos.
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La decisión que tome el Congreso de la Unión, precisó, debe ser inclusiva de todos los operadores del sistema de impartición de justicia, litigantes y juzgadores, así como de todos los justiciables sin importar edad, sexo, posición social o económica, orientación sexual u otros factores.
Guerra Álvarez destacó que, en seno de la Conatrib, durante dos años, se elaboró una propuesta de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya particularidad es que está formulada por jueces y magistrados que aplican el derecho en esas materias.
Planteó que en la nueva dinámica del procedimiento adversarial con el que opera la oralidad, desaparezcan prácticas que ponen en juego la imparcialidad de juzgadores; respecto a la importancia de los medios alternos para la solución de controversias, dijo que se trata de una herramienta fundamental para evitar el colapso del sistema de audiencias.
El magistrado Guerra centró las propuestas de la Conatrib en nueve puntos, entre los que destacó la necesidad de que en la etapa de ejecución de sentencias también se aprovechen los beneficios del juicio oral, a fin de que, mediante la celebración de audiencias, se logre el cumplimiento voluntario de las partes, o incluso la ejecución forzosa.
En su oportunidad, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, magistrado Ismael González Parra, también destacó el alcance de la propuesta de código formulado por la Conatrib, y dijo que, para su formulación, no sólo se consultó a jueces, magistrados y demás operadores jurisdiccionales del ámbito local, sino los distintos códigos procesales, criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instrumentos internacionales y acuerdos de colaboración y buenas prácticas.
Se trata, resumió González Parra, de un proyecto garantista, orientado a proteger el derecho de acceso a la justicia, el cual privilegia la igualdad de las partes, establece procedimientos sencillos con lenguaje claro e incluyente.
Además, permite ajustes fáciles y razonables para brindar una tutela efectiva a la ciudadanía y particularmente a los grupos más vulnerables.