Las investigaciones por el caso de la Línea 12 del metro, se perfilan a fincar responsabilidades a “chivos expiatorios”, y depositar toda la carga de la culpa en ex funcionarios que tuvieron a su cargo la construcción de la Línea 12 del Metro y borrar la duda de un deficiente mantenimiento de ese medio de transporte por el actual Gobierno de la ciudad.
Dicha consideración surge de la defensa de 15 ex funcionarios del STC encabezada por el penalista Gabriel Regino, quien informó que este martes se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la encargada de guiar las investigaciones María de la Luz Alcántar y contra la empresa DNV.
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“El día de hoy hemos presentado ante la Fiscalía General de la República una denuncia contundente, es una denuncia contundente contra la Fiscal que lleva el caso de la Línea 12 y contra la empresa DNV, son delitos de corrupción en la procuración de justicia y que consiste en castigar con dos a seis años de prisión al servidor público que entregue indicios indebidamente a quien no sea parte , el delito es claro es irrefutable”, puntualizó.
El penalista explicó que dicha denuncia se fundamenta en el hecho de que la Fiscalía capitalina entregó indicios del lugar del desplome a la empresa noruega DNV, a pesar de que ésta no fue contratada por la institución Ministerial para coadyuvar en las investigaciones.
Es decir, entregó evidencias del caso a una instancia particular que no está reconocida por el Ministerio Público, lo que podría interpretarse como una violación al artículo 293 del Código Penal de la Ciudad de México, el cual establece sanciones de 2 a 6 años de prisión a quien remita, distribuya información reservada del lugar de los hechos.
Esta situación, dijo el abogado Regino, llevará en su momento a solicitar la nulidad de las investigaciones ante el Poder Judicial capitalino, toda vez que la empresa noruega DNV perdió la cadena de custodia de los indicios de acero, lo cual obra en una denuncian de la misma compañía ante la FGR.
"La Fiscalía de la Ciudad de México contrató a un notario público, comisionó a agentes de la Policía de Investigación para que le entregarán a DNV los fragmentos de acero; ahí firmaron la cadena de custodia se los mandaron así a Estados Unidos, a ninguna autoridad.
"DNV los mando a su laboratorio y su laboratorio no es oficial; su laboratorio lo regresa a México y en México no lo admiten por que viene mal empaquetado, vuelven a reempaquetarlo en Ohio , regresa y no llega a la Fiscalía de la Ciudad de México, llega a las oficinas de DNV, en insurgentes sur y quienes la abren son unos empleados de DNV y son los que se dan cuenta de que no estaba la cadena de custodia”, detalló.
Adelantó que también presentará una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que señala a la Fiscalía General de Justicia de CDMX, por dejar de lado el principio de Imparcialidad que debe tener en todas las investigaciones y entregar a particulares evidencias sin estar facultada para ello.
Además informó que ya está en platicas con despachos jurídicos noruegos para encontrar en la legislación de ese país, la posible violación al código de ética de la empresa DNV y en su caso, iniciar un procedimiento legal en su contra, en su país de origen.
El jurista Gabriel Regino, concluyó que la empresa en cuestión, es quien realmente dirige las investigaciones del desplome, por lo que no existe duda que las conclusiones de la investigación de la FGJ sean similares o iguales a las de la noruega DNV.