El diputado local por Morena, Ricardo Fuentes, presentó una iniciativa para castigar con dos meses y hasta 10 años en prisión y una multa de 300 a mil Unidades de Medidas Actualizadas (UMA), a quien cometa un delito contra los sistemas informáticos de la Administración Pública de la Ciudad de México, con el objeto de dañar la estabilidad del Estado, generar pérdidas en datos reservados o confidenciales; relacionados con la seguridad, la administración de justicia, los aspectos económicos o financieros preponderantes, entre otros.
Para ello, la propuesta del legislador adiciona los artículos 211 bis 1 y 211 bis 2, ambos del Código Penal del Distrito Federal, en materia de delitos cibernéticos.
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"Además, se propone armonizar la presente iniciativa, con los diversos conceptos relacionados con los delitos cibernéticos, en términos de los previsto tanto en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano pertenece", indicó.
Fuentes Gómez recordó que las páginas electrónicas de los gobiernos de Tamaulipas y Querétaro; el Congreso de la Ciudad de México, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, han sido blanco de ciberataques cuyo resultado ha sido la alteración o borrado se la información depositada en estos sitios, lo que ocasiona no sólo pérdidas a las autoridades públicas sino también a los usuarios de este tipo de herramienta tecnológica.
Agregó que en el caso del ciberataque a la página del Poder Legislativo, se hizo la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia capitalina, por la eliminación de archivos y manipulación de documentos; sin embargo, ésta no pudo actuar, debido a que en el Código Penal del Distrito Federal no está tipificado dicho delito, razón por la cual la investigación ha sido atraída por la Fiscalía General de la República.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.