Ante las voces que han advertido las consecuencias que podría generar la iniciativa de reformas en materia de arrendamiento de vivienda en la Ciudad de México que impulsa Morena en el Congreso capitalino, la diputada Valentina Batres consideró que se trata de opiniones sensacionalistas que no abonan a un debate serio.
Al participar en el Foro Legislativo Vivienda y arrendamiento en tiempos del COVID-19, la legisladora de Morena aseguró que su partido se suma a esta propuesta ciudadana toda vez que pretende garantías razonables, que no compliquen la búsqueda de un lugar para rentar.
Descartó que se pretenda despojar los inmuebles a sus propietarios, al tiempo que enfatizó que bajo estas condiciones no se obliga a nadie a rentar si no es su deseo.
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"A diferencia de los títulos sensacionalistas de un sin número de opiniones publicadas que pretenden infundir más miedo que reflexión y que no contribuyen a un debate serio, con la iniciativa no se imponen obligaciones de alquiler sin consentimiento, es decir, a nadie se lo obliga a rentar si así no lo desea, que quede claro no se modifica el régimen de propiedad, no hay ninguna figura ni propuesta para que alguien le puede quitar su casa al otro", puntualizó.
La promotora de la iniciativa señaló que se plantea la reforma de 5 de 45 artículos que regulan un contrato de arrendamiento , es decir, "no se lleva a cabo una transformación sustancial en el contrato, salvaguarda todas las garantías de los propietarios, como la terminación anticipada de los contratos por incumplimiento de las obligaciones de los inquilinos".
Se propone, agregó, generar un equilibrio entre las obligaciones y los derechos de quienes arriendan.
En tanto, el diputado del PRD, Jorge Gaviño criticó que los promotores de la iniciativa hablan de equilibrios pero no hablan de los artículos que quieren reformar.
De igual forma el legislador perredista reprochó que el gobierno de la Ciudad de México esté ausente en esta discusión.
"Yo lo que invitaría a la reflexión serena, hay que revisemos con calma todas estas situaciones, efectivamente debe haber un equilibrio, debe haber solidaridad social, debe haber planteamientos muy serios que tenemos que discutir artículo por artículo porque no se trata de que se respeten los derechos humanos y que el Estado no intervenga. El principal garante de los derechos humanos es el estado y aquí no está como vamos a garantizar los derechos humanos de los inquilinos si no está el gobierno", expuso.
En su oportunidad, el diputado del PAN, Diego Garrido López, refirió que una salida para quienes no pueden pagar renta en estos momentos de pandemia: es que el Gobierno de la Ciudad de México apoye a quienes se quedaron desempleados.
Indicó que la iniciativa presentada y turnada, "es una buena intención, pero no se pueden poner a todos en misma canasta. Por ejemplo,el caso de las personas adultas mayores que rentan un inmueble y que viven de esa renta. Esta reforma podría impactar a personas de bajos ingresos".
Asimismo el panista insistió en que la reforma en materia de arrendamiento es inconstitucional porque afecta el derecho a la propiedad privada, "pues nadie puede privar de los bienes sin mandato judicial; es una medida confiscatoria; también es violatoria del principio de irretroactividad de la ley; promueve la invasión de inmuebles, es decir, abre la puerta a comisión de delitos, afectará la recaudación de impuestos vía ISR".
Por su parte Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sostuvo que en este tema no se debe llegar al terreno de estar en contra o a favor de gente, personas o situaciones, lo que necesitamos es estar todos incluidos y el abordar que esta problemática no nada más tiene una arista legislativa, pues en la capital el 25 por ciento de sus viviendas están en arrendamiento; "hablamos de 700 mil viviendas que están en este régimen, por ello el tema es importante y causa preocupación, y de lo que se trata es que ante un escenario de incertidumbre crear certidumbre".