La organización civil Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social solicitó al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México la preliberación de personas recluidas, para garantizar su derecho a la salud ante la pandemia del Covid-19.
La solicitud está fundamentada en la preliberación por política penitenciaria, establecida en el artículo en el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que contempla este beneficio con opinión de la Procuraduría para que se solicite al Poder Judicial la conmutación de la pena, liberación condicionada o anticipada de personas sentenciadas.
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Esta medida podrá aplicar a personas privadas de la libertad que no hayan cometido delitos con violencia o que ameriten prisión preventiva oficiosa y que tengan penas menores a 5 años, sean personas mayores, tengan una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, puedan recibir amnistía por parte del Estado o cuyo encarcelamiento no contribuya más a la reinserción social o prevención de reincidencia.
La solicitud de Documenta contempla su aplicación en los 13 penales de la capital, con una población aproximada de 24 mil 850 personas privadas de la libertad.
Es decir, los centros de ejecución Varonil Norte y Oriente, el centro varonil Santa Martha Acatitla, los centros femeniles Santa Martha Acatitla y Tepepan; los centros varoniles de Rehabilitación Psicosocial (CEVAREPSI) y de seguridad penitenciaria I y II, la Institución Abierta Casa de Medio Camino, la Penitenciaría del Distrito Federal y los reclusorios preventivos varoniles Norte, Oriente y Sur.
Ante la emergencia internacional por el Covid-19 la ejecución de la medida solicitada por esta organización garantizaría la protección los derechos humanos de las personas en reclusión y combatiría el hacinamiento que podría derivar en un contagio masivo.