La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la Recomendación 3/2020 dirigida a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno CDMX por la muerte de siete reclusos registras entre los años 2016 y 2018.
La ombudsperson local, Nashieli Ramírez Hernández, refirió que en este caso se vulneró el derecho a la vida de los internos, como consecuencia de la omisión del personal de los centros penitenciarios para cumplir su deber reforzar el cuidado y realizar un adecuado control en el ingreso, para evitar la presencia de objetos y sustancias prohibidas en los centros penitenciarios.
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"Las muertes violentas documentadas en este instrumento recomendatorio derivaron de riñas, pleitos y ajustes de cuentas entre personas privadas de libertad, y en ellas se evidencia no solo una omisión en el deber de cuidado por parte de personal técnico penitenciario y de custodia, sino una situación de violencia generalizada en los centros. A la par, las muertes por violencia evidencian la falta de control en los objetos prohibidos que se ingresan o elaboran en centros penitenciarios".
Ante ello, Ramírez Hernández advirtió que el aumento en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva puede agravar las violaciones a los derechos humanos.
"Ante la actual discusión legislativa, orientada a aumentar el catálogo de delitos por los cuales se permitirá la prisión preventiva oficiosa, se hace un enérgico llamado a considerar los impactos integrales que tendrá el rompimiento del espíritu de la Reforma constitucional en materia de Justicia Penal en el país, entre los cuales está el aumento de la población penitenciaria, lo que puede resultar en el agravamiento de las violaciones a derechos humanos, como las documentadas en la Recomendación 03/2020".
Entre los puntos que contempla la Recomendación se encuentran: impulsar la inscripción de las víctimas indirectas al Registro de Víctimas de la Ciudad de México, ejecutar todas las medidas contenidas en los planes de reparación aprobados, bajo los principios de máxima protección, debida diligencia y no victimización secundaria.
De igual forma realizar un acto público en el que se emita un pronunciamiento que establezca un compromiso explícito para continuar adoptando medidas encaminadas a abatir muertes de personas bajo la custodia de la autoridad penitenciaria, derivada de riñas, pleitos o ajustes de cuentas, entre otros.