Para proteger a los cuentahabientes y ciudadanía ante abusos de comerciantes que aumentan irregularmente el precio de diversos productos por el pago de comisiones por el uso de tarjetas bancarias, Morena busca prohibir esta práctica y multar a negocios que recurran a ella.
El diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa al Congreso de la Unión para prohibir esta práctica y establecer multas desde 800 hasta 3 millones de pesos, en función del tamaño de los negocios: grandes, pequeños o medianos.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el legislador recordó que a partir del confinamiento por la pandemia, los comercios promovieron las compras en línea pero, algunos cobran a los cuentahabientes una comisión del 3 al 5 por ciento por el pago con tarjetas bancarias.
Es decir, transfieren el pago que el banco les cobra por utilizar el servicio de las terminales bancarias, lo cual es ilegal.
La propuesta turnada a la Comisión de Desarrollo Económico adiciona un artículo 10 Ter y reforma el artículo 128, ambos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y se adiciona una fracción I al artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Información relacionada: Aprueban Diputados CDMX calendario para discutir presupuesto de alcaldías
Por otra parte, le diputada por Morena, Yuriri Ayala Zúñiga presentó una iniciativa para que los titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de las Alcaldías, diputadas y diputados del Congreso local y magistrados de los Tribunales de Justicia, puedan ser destituidos e inhabilitados para desempeñar empleo gubernamental, comisión pública o cargo de elección popular, cuando comentan un delito valiéndose de su posición como funcionarios públicos.
Asimismo, la propuesta establece que cuando el responsable tenga el carácter de particular, la persona juzgadora deberá imponer la sanción de inhabilitación y dará vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad y a la Secretaría de la Función Pública Federal, con el fin de hacer de su conocimiento que el acusado ha sido inhabilitado para desempeñar un cargo público o puesto de elección popular, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, y se agravará hasta un tercio la pena.
Para tal efecto, la legisladora propuso reformar el Artículo 256 y derogar el Artículo 258 del Código Penal para el Distrito Federal, por considerar que se contraponen y generan incertidumbre respecto de su aplicación.
"Si bien se adicionó el Artículo 256 con el objeto de señalar penas adicionales para los servidores públicos, lo cierto es que se omitió hacer congruente éstas con el sistema normativo al que pertenece, toda vez que no se modificó el Artículo 258 del propio Código, el cual con anterioridad ya contemplaba penas adicionales a las previstas para cada tipo penal", indicó.
El proyecto de decreto fue turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.