La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las instituciones y operadores del sistema penal, a materializar el contenido de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos de personas privadas de su libertad y su dignidad.
A dos años de la publicación de esta Ley en el Diario Oficial de la Federación –16 de junio de 2016—, se refrenda el compromiso del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con la aplicación de dicha norma como medio para prevenirla.
La CNDH consideró que aún hay tareas pendientes por parte de los actores del sistema de justicia penal, como adscribir los centros de readaptación social a cuando menos una jueza o juez especializados en ejecución penal, y se garanticen por todos los medios posibles los derechos de las personas privadas de la libertad, de sus defensores, visitantes y observadores en términos de la citada Ley Nacional.
Además, que la PGR, así como las Procuradurías y Fiscalías de Justicia de los estados, provean a un número suficiente de agentes especializados en la materia y desarrollen un programa de capacitación permanente y se garantice el respeto a los derechos humanos de las personas objeto de la Ley.
También, que asignen al Instituto de Defensoría Pública suficientes defensoras y defensores públicos especializados en ejecución penal, con independencia de aquellos que actualmente realizan funciones ordinarias propias del citado proceso.
Cabe señalar que las autoridades administrativas responsables de la dirección de los centros penitenciarios prevean en sus programas la correcta implementación de sus responsabilidades.
La Ley Nacional de Ejecución Penal establece las normas que las autoridades deben observar principalmente en la prisión preventiva, la ejecución de las penas, las medidas de seguridad impuestas a razón de una resolución judicial, los beneficios preliberacionales, las sanciones no privativas de la libertad, la justicia terapéutica y la restaurativa.
@amarilloalarcon