La candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mariana Boy Tamborrell, ofreció apoyo legal a los damnificados de los sismos y destacó la importancia de hacer ajustes a la Ley de Reconstrucción para agilizar la entrega de los recursos.
Hizo un llamado a quienes aún no reciben ningún apoyo a presentar una demanda en contra del gobierno local, por no transparentar los recursos destinados a la reconstrucción de los inmuebles dañados por el movimiento telúrico de septiembre pasado.
Así lo señaló en entrevista luego de visitar el edificio ubicado en la calle de Zapata 252, de 114 departamentos, y donde habitaban 400 personas que a más de de siete meses carece de un dictamen definitivo y por lo que algunos vecinos instalaron un campamento sobre la calle para evitar actos vandálicos contra su patrimonio.
Aseguró que en esta situación se encuentran más de dos mil edificios en toda la capital, lo cual -dijo- es inaceptable y los ciudadanos podrían analizar la posibilidad de demandar al gobierno local.
“Puede proceder porque existe un recurso destinado específicamente para la reconstrucción. Los vecinos pueden demandar porque este recurso no ha bajado”, expresó.
La candidata ecologista comentó que por lo pronto, abogados del partido recibieron documentación a nombre de las familias afectadas de ese domicilio, a fin de apoyarlas legalmente; “vamos a revisar el expediente e ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió.
En este contexto, se pronunció por modificar la Ley de Reconstrucción, porque la actual comisión tiene atribuciones muy limitadas y aunque puede recaudar fondos “el problema es que al final no bajan. Necesitamos hacer ajustes a la Ley de Reconstrucción para agilizar la entrega de los recursos”, aseguró.
Destacó que con base en un estudio del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la fuerza del sismo no fue superior a los límites establecidos de estructura y de diseño en el reglamento de construcción.
“Lo cual quiere decir que los edificios dañados y colapsados que fueron construidos durante la vigencia del reglamento violaron la ley”, apuntó tras subrayar que de llegar a la Jefatura de Gobierno habrá cárcel e inhabilitación a los responsables de obra y desarrolladores inmobiliarios.