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La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) urge a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que la Iniciativa de reformar y adicionar el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que recientemente envío la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) sea dictaminada a la brevedad con la finalidad de que en esta legislatura se concluya el procedimiento legislativo.
“La violencia que causan” las armas, es una violación sistemática el derecho a la vida y genera condiciones que dan lugar a diversas afectaciones a otros derechos humanos como la libertad, la integridad personal, la salud y la seguridad.
Defensores y expertos como México Evalúa, alertan que en el país, en 2017 los homicidios perpetrados con arma de fuego representaron 65% del total de homicidios.
Amnistía Internacional advierte por su parte que, “no hay armas únicamente en los campos de batalla; muy a menudo, acaban en las calles, alimentando la violencia en las comunidades. El 75% de las muertes debidas a violencia armada no se producen en situaciones de conflicto. En lugares como América Central, la violencia intrafamiliar y los homicidios de mujeres se cometen frecuentemente con armas pequeñas, compradas en el mercado negro”.
Es importante resaltar, que además de las medidas legislativas, el Estado mexicano debe prevenir las violaciones a los derechos humanos derivadas de la violencia generada por armas de fuego, por medio de políticas públicas que coordinen a diferentes instituciones públicas nacionales y fortalecer la cooperación internacional en la materia.
En ese sentido, es importante recordar las obligaciones derivadas del Tratado sobre Comercio de Armas de Naciones Unidas, del que México es parte y que busca prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío “con el fin de contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional y reducir el sufrimiento humano derivado de la violencia con armas de fuego.
Las preventivas deben tener como objetivo alertar de los riesgos de tenencia y portación de armas en las comunidades, en especial, aquellas con altos índices de violencia; promover programas de entrega de armas en posesión de particulares; así como mejorar el registro, identificación y monitoreo de armas y municiones.
La CDHDF respeta el principio de autonomía legislativa que tiene la Cámara de Diputados, sin embargo, es pertinente que la Comisión Dictaminadora dictamine la Iniciativa enviada, considere que sean adecuadas las sanciones que se proponen modificar considerando el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución mexicana y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como garantizar que, tratándose de penas privativas de la libertad, éstas tengan como base el respeto a los derechos humanos y que su finalidad esencial sea la reinserción social a partir del trabajo, la educación, la salud y el deporte.
Esta Comisión estará pendiente de los trabajos legislativos que se realicen respecto a la Iniciativa referida.