Para no incurrir en una responsabilidad administrativa, el Gobierno de la Ciudad de México reintegró los más de 111 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2017, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que dicha instancia federal no autorizó que el recurso se ejerciera en trabajos de reconstrucción que concluirían en 2018.
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, explicó que los recursos del FAIS se tienen que ejercer en el mismo año que se asignan; por lo que, para poder utilizarlos en labores de apoyo a las personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, se solicitó a la SHCP autorizar su ejecución de manera bianual, pero no se tuvo respuesta.
Al respecto, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, subrayó que fue normativamente imposible emplear los 111 millones de pesos del citado Fondo que la Secretaría de Desarrollo Social federal (Sedesol) permitió redireccionar para la reconstrucción; debido a que la Secretaría de Hacienda no autorizó la bianualidad del dinero, es decir, comprometer el recurso hasta antes del día último de diciembre de 2017 y acreditar o justificar su empleo hasta junio de 2018.
Por lo anterior, dijo, todos los recursos que se han empleado y se siguen utilizando para la reconstrucción provienen del presupuesto del Gobierno de la Ciudad de México.
Recordó que en 2017 se firmó un convenio con Sedesol, contemplando un plan de trabajo que concluiría en junio de 2018 y que requería la autorización de una bianualidad; para ello, se enviaron diversos oficios haciendo la solicitud, tanto a Sedesol como a Hacienda, y permitir así el pago de acciones como demolición, estudios de mecánica de suelos y reconstrucción; ante la falta de respuesta, el recurso se regresó íntegramente a la Secretaría de Finanzas local, que a su vez lo reintegró a la SHCP.
Por otra parte, el secretario de Gobierno expuso que tal como lo establece la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente, el pasado 28 de febrero se concluyó el primer corte del estudio socioeconómico de personas afectadas por el fenómeno sísmico, a través del cual se replicaron 7 mil 21 cuestionarios.
De esta forma, se cumplió con la primera parte del censo para conocer quiénes son las personas afectadas, dónde están y qué necesidades tienen, de acuerdo con los tres diagnósticos de personas, construcciones y de la productividad en zona rural, que señala la Ley para la Reconstrucción, a fin de que puedan atenderse a través de los 45 subprogramas del Programa de Reconstrucción que elaboró la Comisión, mismos que se convertirán en acciones específicas por parte de todas las instancias administrativas involucradas.
José Ramón Amieva comentó que a través de los estudios socioeconómicos se entrevistó a 26 mil personas afectadas, se pudo conocer su estado civil, tiempo de residencia en el inmueble; tipo de vivienda, rentada, propia; en qué condiciones están catalogadas, rojo, verde o amarillo, para medir el riesgo estructural o si son sujetas a un reforzamiento para ser rentables; cómo la adquirieron, nivel educativo, acceso a los derechos de alimentación, entre otros aspectos relevantes para eficientar la atención a su estado de vulnerabillidad.