El Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo y solicitó al jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, que ordene “una moratoria urbana para suspender los trámites inmobiliarios, cambios de uso de suelo, expedición de licencias de construcción para evitar los grandes desarrollos inmobiliarios” hasta que no se apruebe la nueva política de ordenamiento territorial.
El punto de acuerdo presentado por la legisladora María de Lourdes Paz, incluye que la medida sea acatada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda quien ayude a los 16 alcaldes a implementarla.
“El llamado a declarar una moratoria urbana que tenga por efecto detener el otorgamiento de permisos de construcción para grandes proyectos hasta que se defina la nueva política aplicable al desarrollo inmobiliario… Dentro de las consideraciones se expresa que la Constitución local establece obligaciones para las autoridades y limitaciones para el desarrollo de obras con base en criterios de sustentabilidad, y sujetándose al interés público, además de que se condiciona la construcción de vivienda a las capacidades de equipamiento e infraestructura”.
Los legisladores señalaron que durante la última administración, a cargo de Miguel Ángel Mancera, “se agudizó el problema del crecimiento urbano desordenado, originado por la falta de planeación, las violaciones recurrentes a las normas y restricciones de los usos del suelo por parte de empresas inmobiliarias y la omisión o complicidad de las autoridades encargadas de autorizar la expedición de licencias de construcción, así como de verificar y suspender las obras irregulares”.
También, consideraron preocupante que Felipe de Jesús Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, considere que “el impacto económico de la industria de la construcción hace inviable declarar una moratoria urbana en la capital del país, porque deja ver que su compromiso es con los desarrolladores y no con los ciudadanos”.