El delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, acudió a presentar su defensa ante la Comisión Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa, con pruebas en donde afirma que no incurrió en omisiones que permitieron la proliferación del narcomenudeo en esa demarcación, para ello nombró a un nuevo abogado, se trata de Gabriel Alejandro Regino García, quien afirmó que actuará apegado a la ley.
El delegado de Tláhuac aseguró que con las pruebas que presentó se invalida la solicitud de remoción en su contra.
“Acudimos a dar respuesta a la infundada solicitud de remoción del jefe delegacional de Tláhuac lo hicimos con mucha precisión y pruebas, categóricamente les digo que el gobierno delegacional no tiene ningún vinculo con ninguna organización, está al servicio de la gente para satisfacer sus necesidades, también en relación a los contratos no hay ninguna prueba que acredite un beneficio a ningún particular”
Por su parte, el presidente de la Comisión Juridisccional, Armando López Velarde, aseguró que será el 14 de noviembre cuando el pleno de la Asamblea Legislativa vote si procede la remoción o no de Rigoberto Salgado, pero deberán contar con el voto de mínimo 44 legisladores locales,
“El viernes 3 de noviembre a las 11:00 horas se presentará a la comisión el dictamen correspondiente donde se recaerá si hay o no elementos suficientes para la remoción del ciudadano delegado de Tláhuac, finalmente la Comisión ha acordado que se presente al pleno de esta asamblea el día 14 de noviembre el dictamen para que el pleno sea el que vote”
López Velarde Campa indicó que no están descartadas las comparecencias de funcionarios de la ciudad de México e incluso del ex procurador Rodolfo Ríos Garza, porque en su administración es cuando se realizó el operativo de la Marina en Tláhuac.
Además, aseveró que la solicitud de remoción del delegado de Tláhuac no es la única, se suman los delegados morenistas de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, por solicitud de perredistas; el de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, por una sentencia en donde le piden entregar una indemnización de más de un millón de pesos a un trabajador de la administración anterior; y el diputado Felipe Félix de la Cruz quien es acusado por un perredista de amenazas.