En un inmueble en la calle Sur 71-A, colonia Banjidal, delegación Iztapalapa, encontraron 38 ejemplares de la raza Golden Retriever, los cuales supuestamente son comercializados por el propietario del criadero clandestino, en una zona con uso de suelo habitacional, donde tampoco está permitida la crianza de especies animales.
“Se está haciendo el proceso de verificación. Hubo un poco de resistencia, pero actuamos conforme a derecho; lo primero que se le dejó en claro es que estos animales no pueden estar aquí en condiciones infrahumanas”, sostuvo la jefa delegacional Dione Anguiano Flores.
Añadió que se emplearon todos los mecanismos que marca la Ley para realizar la visita de verificación, se reunieron todos los antecedentes de este caso para realizar un procedimiento sólido y evitar que los perros sigan en este inmueble, donde no es viable tenerlos.
Expresó su reconocimiento a los vecinos que denunciaron la operación de este criadero, pues ello permitirá mejorar las condiciones de vida de los canes rescatados y también el entorno urbano en esta zona de la colonia Banjidal.
Los 38 perros estaban en un inmueble en condiciones de hacinamiento e insalubridad, tanto para ellos, como para las casas aledañas pues de dicho lugar salía olor desagradable que afectaba a los colonos y a quienes transitaban por la zona, lo cual está prohibido por la normatividad vigente en materia de criaderos.
Una vez que el resultado de la visita de verificación sea calificado y se notifique al propietario del inmueble y de los canes, éste deberá presentar los documentos que acrediten la legal operación del giro mercantil que desarrollaba en esta vivienda.
Los canes estarán en resguardo de la delegación Iztapalapa, en la clínica veterinaria ubicada en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en tanto el propietario resuelve su situación jurídica y acredita su posesión. En caso de no contar con los documentos que garanticen su procedencia, los ejemplares se pondrán en adopción.
El responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía de Delitos Ambientales de la Procuraduría capitalina (PGJ) como presunto responsable de maltrato animal, en tanto que el inmueble quedó asegurado.